El Gobierno argentino endureció su política migratoria mediante un decreto que permite impedir el ingreso, cancelar la residencia o expulsar a extranjeros que difundan mensajes de odio contra Argentina o sus ciudadanos.
La modificación a la Ley de Migraciones, publicada este jueves 30 de julio, comenzó a regir de inmediato. Sin embargo, el Congreso todavía deberá analizar su validez.
La normativa afectará a quienes hayan dirigido mensajes de odio, de manera oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o alguno de sus ciudadanos debido a su nacionalidad.
GOBIERNO DENUNCIA UNA “CAMPAÑA ANTIARGENTINA”
El presidente Javier Milei impulsó la medida después de denunciar la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”. El mandatario atribuyó esa ofensiva a los gobiernos de Brasil y México, además del Partido Demócrata de Estados Unidos.
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Sus declaraciones surgieron tras una serie de críticas viralizadas en redes sociales durante el Mundial de Fútbol de 2026.
La oficina presidencial presentó el decreto como una respuesta frente a las recientes expresiones de hostilidad contra el país y sus habitantes. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo el Ejecutivo mediante una publicación en la red social X.
DECRETO EXCLUYE LAS CRÍTICAS POLÍTICAS
El texto establece que las sanciones no podrán aplicarse contra opiniones que correspondan a un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Esta excepción incluye el disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas por la Constitución argentina.
La decisión representa un giro en la política migratoria de Argentina, país que históricamente ha mantenido una legislación favorable a la inmigración y ha reconocido derechos civiles, sanitarios, educativos y habitacionales a sus residentes extranjeros.
La nueva disposición aparece, además, en medio de una crisis diplomática con Brasil. Las relaciones entre ambos países se deterioraron después de que Milei participara en una actividad opositora en São Paulo y calificara al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario”.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 30, 2026
