El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció este viernes el hallazgo de 383 cuerpos hacinados en un crematorio de Ciudad Juárez, en el norte de México, e instó al gobierno a investigar el caso con urgencia y con pleno respeto a los derechos humanos.
A través de un comunicado, la organización exigió una indagatoria inmediata, eficaz, independiente y transparente sobre cada posible “muerte potencialmente ilícita”, recordando al Estado mexicano su deber internacional de proteger y respetar la dignidad de los fallecidos.
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INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS
La ONU expresó su solidaridad con las familias afectadas y subrayó que las investigaciones deben regirse por los estándares del informe del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, que exige tratar los cuerpos con dignidad y respeto.
“La dignidad de la persona no se extingue con la muerte. Tratar con desdén los restos humanos daña a las personas, las sociedades y niega el derecho a la verdad, justicia y reparación”, advierte el texto.
El organismo además recordó que la protección de los muertos está vinculada al derecho a la vida, la prohibición de la tortura y la lucha contra la desaparición forzada, y urgió a establecer principios rectores desde una perspectiva de derechos humanos.
CARENCIAS ESTRUCTURALES Y DESIGUALDAD INCLUSO TRAS LA MUERTE
Pese a la gravedad del hallazgo, la ONU reconoció las dificultades estructurales que enfrenta México, como la falta de peritos forenses, recursos limitados, infraestructura inadecuada y ausencia de protocolos claros para el manejo de restos no identificados.
Morris Tidball Binz, relator especial de la ONU, advirtió que muchas personas siguen enfrentando desigualdades incluso después de morir, especialmente quienes pertenecen a comunidades indígenas, viven en situación de calle o permanecen sin identificar.
Además, instó al Estado mexicano a alinear su legislación nacional con el Derecho Internacional, con el fin de asegurar un manejo adecuado de los restos humanos y garantizar que todas las muertes sospechosas se investiguen de manera exhaustiva.
UN CONTEXTO NACIONAL ALARMANTE
La crisis de desapariciones agrava aún más la situación: según datos oficiales, las denuncias por personas desaparecidas aumentaron un 28% en el último año, llegando a 129.000 casos reportados hasta mayo de 2025.
Frente a este escenario, la ONU fue clara: proteger a los muertos no es una opción, sino una obligación jurídica y ética. La forma en que el Estado mexicano responda a este caso será determinante no solo para garantizar justicia y reparación, sino también para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones del país.
Ante el hallazgo de 383 cuerpos en crematorio de #CiudadJuárez, nos solidarizamos con las familias. Llamamos a realizar una investigación eficaz y a respetar los derechos de las personas fallecidas, conforme a los estándares del informe de Relatoría ONU.👉🏽 https://t.co/VFE8ZfUAMg pic.twitter.com/X8dvIKLpWv
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) July 4, 2025