La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves, en segunda y definitiva legislatura, una reforma a la Constitución que redefine la estructura del Estado, elimina el equilibrio de poderes y concentra el control absoluto en el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
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La modificación abarca 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y deroga 37 disposiciones, incluyendo la que prohibía la tortura.
La reforma, fuertemente cuestionada por organismos como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de Estados Unidos y sectores opositores, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años, introduce la figura de «copresidenta» y establece que el Ejecutivo «coordina» los demás «órganos» del Estado, los cuales dejan de ser considerados poderes independientes.
FUERZAS MILITARES DE RESERVA PATRIÓTICA
Asimismo, legaliza la apatridia y crea las «Fuerzas militares de reserva patriótica» y la «policía voluntaria», cuerpos que, según opositores, funcionarían como estructuras parapoliciales y paramilitares.
«Hemos concluido un trabajo de reformar nuestra Constitución Política plasmando nuestra realidad actual», declaró en el pleno Edwin Castro, líder del grupo parlamentario sandinista.
«Toda Constitución Política se debe ir adecuando de acuerdo a la realidad social y esta Constitución requería este análisis y deja claro que el soberano, el dueño del poder, es el pueblo», añadió.
CONCENTRACIÓN DE PODER
La reforma establece que Nicaragua se define como un Estado «revolucionario», soberano e independiente, donde la persona, la familia y la comunidad son protagonistas de la «democracia directa».
Según el nuevo marco constitucional, el pueblo ejerce el poder estatal a través de la Presidencia de la República, que además de liderar el Gobierno, «coordina» los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscal y autónomos.
El Ejecutivo también asume la Jefatura Suprema del Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
Además, la nueva estructura de la Presidencia incluye un copresidente y una copresidenta, quienes tendrán un mandato de seis años y podrán designar vicepresidentes sin necesidad de elección popular.
SÍMBOLO PATRIÓTICO
La reforma incorpora además como símbolo patriótico la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder desde 2007.
En términos de seguridad, la Presidencia tendrá la facultad de ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional cuando lo considere necesario para la estabilidad del país.
FUERZAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE MEDIOS
Dentro de los cambios, se establece la formación de «fuerzas militares de reserva patriótica», adscritas al Ejército, conformadas por personal retirado de las Fuerzas Armadas.
También se oficializa la «policía voluntaria», un cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, compuesto por ciudadanos que prestarán servicio sin remuneración.
Aunque esta figura no estaba contemplada en la Constitución, Ortega aseguró en 2022 que tanto el Ejército como la Policía y la «policía voluntaria» fueron clave para restaurar el orden tras la revuelta de abril de 2018 contra una reforma de seguridad social.
Organizaciones de derechos humanos y grupos opositores han señalado que estos grupos actuaron como fuerzas parapoliciales en la llamada «Operación Limpieza», mediante la cual el Gobierno reprimió las protestas.
REFORMA
La reforma también otorga al Estado la facultad de vigilar que los medios de comunicación no respondan a intereses extranjeros ni difundan información considerada perjudicial para los derechos de los nicaragüenses.
Ortega, de 79 años, gobierna Nicaragua junto a Murillo desde 2017, en un contexto marcado por denuncias de fraude electoral y persecución a la oposición.
Desde su regreso al poder en 2007, ha impulsado 12 reformas constitucionales, incluyendo una que eliminó los límites a la reelección presidencial.
