Nacional y economía

Jadue presenta descargos ante Contraloría por sumario en su contra y pide inhabilitar a Bermúdez

Agencias

Hace aproximadamente nueve meses, la Fiscalía Nacional transfirió la investigación sobre la pérdida de unas treinta grabaciones telefónicas relacionadas con la arista que implica a Recoleta en el caso Led a la jurisdicción metropolitana Oriente, en donde se involucra a Daniel Jadue.
El edil acusa un «prejuzgamiento» en su contra tras las declaraciones del contralor.

Luego de las declaraciones del contralor, Jorge Bermúdez, donde confirmó que había un sumario al edil por eventuales faltas a la probidad, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, presentó ante la Contraloría General “descargos para demostrar nuestra inocencia”. La información fue publicada en forma de comunicado a través de Twitter.

“Ha habido en mi contra un prejuzgamiento inaceptable. Ante todo Chile me han sindicado como culpable”, twitteo el jefe comunal junto a un comunicado, donde se explican los descargos.

En el texto, de más de 80 páginas, solicitó la “nulidad de todo lo obrado por falta de competencia de la fiscal” y “por haberse transgredido el debido proceso“.

Según la defensa de Jadue, “el proceso adolece de vicios de legalidad, pues no fue instruido en la forma que la ley prescribe”, por lo que debió, según dicho documento, “iniciarse un procedimiento invalidatorio del mismo”.

A su juicio, además, el sumario “ha emanado de una actuación ilegítima”, ya que no cumple “el requisito de haber sido un proceso legalmente tramitado, lo que trasgrede la garantía constitucional que exige que ‘todo órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado»”.

En los descargos, también apuntan a que “en el proceso se ha trasgredido el debido proceso y la honra del alcalde Daniel Jadue”, debido a que se violó “el secreto sumario, con grave perjuicio al debido proceso”.

Finalmente, la defensa solicitó «la inhabilitación en contra del señor Contralor General por la demostración pública de imparcialidad (sic), colocando al alcalde Jadue y a los funcionarios y funcionarias municipales ante “una amenaza inminente de que se vulnere su legítimo derecho a un debido proceso”.

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