Calladita, casi «pasando piola», el miércoles, cuando de lo que prácticamente solo se hablaba era la votación de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, sesionó la Comisión de Constitución del Senado para abordar la creación, mediante decreto, de la Comisión contra la Desinformación.
Las invitadas fueron la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y su par de Ciencia, Aisén Etcheverry, y a la cabeza de la reunión estuvo el senador de Evópoli Luciano Cruz Coke, quien fue precisamente el que la solicitó y quien abiertamente rechazó la iniciativa gubernamental.
Aunque no fue el único, ya que a las críticas se sumaron el resto de parlamentarios de oposición de la Comisión de Constitución, de RN y la UDI, y también los representantes del PS.
Una de las intervenciones -vía telemática- la hizo el periodista Santiago Pavlovic, quien enfatizó que la Comisión Contra la Desinformación “es innecesaria, tal como está planteada, y representa un peligro para la libertad de expresión”, y que «no aporta a la promoción de la libertad de expresión en Chile y más bien podría debilitar ese derecho”, pues “es una comisión patrocinada por un gobierno, lo cual ya siembra dudas respecto de su independencia, aunque sus integrantes parezcan ser personas honorables y loables”.
“Luego del masivo rechazo al proyecto propuesto a la ciudadanía por la Convención Constitucional leímos y escuchamos a distintas personas, incluso miembros de esa Convención, diciendo o argumentando sin antecedentes que se había perdido el proyecto debido a las fake news, es decir, a la desinformación. No recuerdo a ningún ministro o académico relevante haber enfrentado con decisión eso que a mi juicio sí fue una descarada desinformación… porque nos guste o no, el Rechazo no fue producto de las fake news sino de la reflexión tranquila de la ciudadanía como antes lo fuera el plebiscito de entrada, las elecciones del Presidente Boric o de los nuevos representantes populares al Congreso”, reflexionó.
«LEVANTA ALERTAS»
El senador Cruz Coke inició su intervención diciendo que los ejemplos de buenas prácticas en esta materia, en otros países del mundo, se han dado cuando estas iniciativas “están apoyadas principalmente por organizaciones de la sociedad civil”, y en las que “al menos los gobiernos guardan un brazo de distancia”.
“Por esto sorprende que esto sea creado por decreto, que se instale en el corazón de un ministerio nuevo (Ciencia), con muy bajo presupuesto y cuyo liderazgo en esta materia se termina transformando en la materia principal del ministerio a nivel público. Y la creación de una comisión de desinformación que se aloja en el seno de un gobierno, que responde a dos ministras, cuyos nueve miembros son designados a través de los ministros o quienes ellos estimen conveniente según el decreto, la verdad es que levanta alertas toda vez que nosotros hemos tenido discusiones ya en campañas políticas anteriores sobre la creación de una ley de medios”, dijo el legislador.
Y agregó: “Hoy estamos ante el germen de la posibilidad de un acallamiento respecto de la posibilidad que tienen la prensa libre, que tiene la libertad de expresión, que tiene la posibilidad de realizarse en un país como es Chile porque se puede partir con una comisión gubernamental, pero luego no sabemos cómo vamos a terminar”.
Por su parte, Rodrigo Galilea (RN) expresó que “se las arreglaron para abordar un tema tan complejo y tan importante de manera sumamente controversial, tan controversial que en la primera reunión de la comisión el día de ayer (martes), tuvieron que dedicarse buena parte del tiempo a decir qué no iban a hacer, lo que ya es un indicador”.
En tanto, Luz Ebensperger (UDI), manifestó: “Soy una convencida de que va a ser utilizada esta comisión en el sentido de censura y cancelación de determinar verdades oficiales”.
El oficialismo no se quedó atrás en las críticas, las que surgieron principalmente de parlamentarios del PS.
Juan Luis Castro (PS) recalcó que el decreto que creó la comisión “establece que dentro de las temáticas y las funciones son las políticas públicas y la desinformación. Entonces yo quiero entender a qué alude esto porque una política pública es una legislación que pasa por este Senado o por el Congreso”.
Alfonso de Urresti, también socialista, apuntó su crítica a que la comisión esté alojada en el Ministerio de Ciencias. “Yo participé como integrante, hace 9-10 años, de la comisión de Desafíos del Futuro en la elaboración del proyecto del ministerio (de Ciencia) y no recuerdo en ninguna discusión, ni con las personas más variadas, en que imaginábamos en que el ministerio iba a estar a cargo de esto”.
“Me gustaría a usted verla investigando y empujando comisiones para avanzar en ciencia dura, en las becas Chile (…) y no liderando este tipo de iniciativas”, emplazó De Urresti a Etcheverry.
Francisco Huenchumilla (DC) fue el único que no se manifestó contrario a la creación de la comisión: “A mí no me parece que alguien pueda cuestionar la naturaleza de una comisión asesora que pueda tener un gobierno, porque todo lo que esa comisión diga no es obligatorio en Chile”.
QUÉ DIJERON LAS MINISTRAS
Al inicio de la sesión Camila Vallejo explicó el origen de esta comisión. Dijo que en el Congreso habían alrededor de 8 proyectos de ley sobre la materia, pero que el problema es que gran parte de estos son “punitivos” y que incluso “se habla de penas de cárcel”. Por eso, según ella, antes de patrocinar, presentar o refundir proyectos, quisieron generar una instancia de expertos que “aborden este tema desde la expertís para luego abrir el debate político sobre la materia”.
Después habló la ministra Etcheverry, quien sostuvo que la comisión busca entregar recomendaciones “desde la ciencia y el conocimiento”. De ahí que, añadió, la comisión sea de carácter transitoria y que “su duración está condicionada a la entrega de dos informes”: El 28 de agosto y el 27 de noviembre de 2023.
También sostuvo que la comisión “no propondrá proyectos de ley” y que “no va a hacer revisión de redes sociales” ni “va a definir qué es y qué no es verdad” ni tampoco “va a recibir denuncias”.
Luego vinieron las exposiciones de los integrantes de la comisión. Claramente, no quedaron satisfechos.
Desde el Ejecutivo han dicho que la comisión levantará información respecto del pie en que se encuentra nuestro país en relación con el fenómeno de la desinformación, además de entregar recomendaciones para eventuales nuevas políticas públicas, y también han asegurado que la instancia no realizará una revisión de redes sociales ni emitirá opinión sobre plataformas digitales, ni definirá temas de la coyuntura, y no será un espacio de recepción de denuncias.
“Tampoco definirá que es y que no es verdad”, dijo el miércoles de la semana pasada la ministra Vallejo ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, ocasión en la que se entregaron detalles de la creación y objetivos de la comisión asesora.
La comisión estará compuesta por nueve expertos, que se han dedicado a estudiar y trabajar en temas relacionados con la labor que desempeñarán en la instancia. Serán dos profesionales de universidades privadas, dos de universidades estatales, uno de una universidad regional, tres representantes de la sociedad civil y uno de organización de fact-cheking.ntiago, director y editor general de Fast Check CL.
