Cada día muere un criminal de lesa humanidad en Chile, sin contar toda la verdad. También parten víctimas sobrevivientes, sin lograr saber el paradero de los suyos. Eso es la impunidad geriátrica.
Incluso más de algún testigo parte sin haberse atrevido a relatar lo que vio siendo soldado, vecino o simple observador de algún secuestro o desaparición.
Han transcurrido más de 50 años desde el mayor genocidio cometido por agentes del Estado en nuestro país. La impunidad geriátrica cobra cada día más relevancia y se hace más dura.
Víctimas y sus familias, victimarios, cómplices, encubridores y testigos, han ido muriendo de a poco y el país, sigue entrampado sin verdad ni justicia, criminales sin castigo y nula reparación.
Se han intentado múltiples salidas para conocer la verdad, incluso algunas leyes de plazo fijo que buscaban una suerte de compensación a quien dijera la verdad.
También mesa de diálogo, incluso con las FFAA sentadas alrededor de ella junto a las víctimas, pero todas fracasaron, no se contó la verdad o se mintió acerca del paradero final de los desaparecidos.
El escondido intento de punto final
Republicanos y algunos descolgados de Chile Vamos, intentaron pasar «gato por liebre» en la Comisión Constitucional, al aprobar en comisión que los mayores de 75 años podrían cumplir pena domiciliaria.
Ello era un evidente intento de dejar libres a los criminales de lesa humanidad presos en Punta Peuco y sobre los cuales no caben ni indultos, amnistía ni beneficios intrapenitenciarios.
La votación del pleno paró, por ahora, esa arremetida pero en caso alguno el intento ultraderechista de liberar a quienes cometieron genocidio contra sus compatriotas solo por pensar distinto.
No es primera vez que se intenta. El exministro de Justicia, Hernán Larraín, fue el encargado de presentar anombre del gobierno de Piñera al ante el Congreso el proyecto denominado “Ley Humanitaria”.
Ella buscaba favorecer a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Larraín estuvo vinculado a Colonia Dignidad, lugar donde se cometieron repudiables crímenes de lesa humanidad.
De la constricción al silencio
En 2016 a fines de diciembre un grupo de 10 internos de Punta Peuco hicieron actos de constricción religiosa, pidiendo perdón a sus familias y a las de las víctimas. Pedían indulgencia “arrepentidos”.
Hace pocos días una nueva solicitud en el mismo sentido fue efectuada por un grupo de 27 condenados de Punta Peuco, pidiendo perdón, reconociendo sus crímenes y acusando haber sido obligados.
En ambos casos, hubo un denominador común. Nada se dijo acerca del destino de los mas de mil compatriotas desaparecidos o de cuál fue su destino. Ahí solo hubo silencio.
Show comunicacionales
Pues bien, de ayer a hoy, no ha existido ningún acto que alguno de los 10 o los recientes 27 que culparon a sus superiores, haya hecho para dar a conocer información vital que ayude a la verdad.
Nada han hecho para transformar sus dichos en actos concretos que trajeran paz a las víctimas o sus familias. Ninguno. Solo se buscaba victimizarlos a la vista de la opinión pública.
Temen, han dicho, que, de confesar nuevos crímenes o el paradero de algún desaparecido o ejecutado político o alguna otra fechoría, se aumenten sus penas y sus castigos.
El abogado de la mayoría de los internos, Raúl Meza, a este periodista, que, de haber garantías de beneficios a quienes confiesen, estos estarían dispuestos a hablar, en otro caso, no lo harán.
Lo mismo nos fue ratificado en su momento por Álvaro Corbalán Castilla.
El silencio, una nueva violación de DDHH
Hace casi 5 años, antes de fallecer, Anita González de Recabarren, una histórica mujer, madre y abuela de detenidos desaparecidos, me confesó que no quería morir sin antes conocer el destino de su esposo, sus hijos su nuera y su nieto, en gestación.
Aniya partió con el tremendo dolor de no haberlos encontrado jamás. No ha sido la única, cientos han visto truncado el sueño de sus vidas, llevarles una flor, una oración a un sepulcro.
O a lo menos mirar el mar, la montaña o cuál haya sido el cruel destino donde fueron arrojados.
Son miles los que esperan verdad
El caso de Anita es uno de aquellos en los que no solo se desconoce el verdadero paradero de sus familiares, sino en dónde tampoco existen culpables.
Ello, a pesar de reconocerse por el Ejército que fueron secuestrados, mantenidos en Villa Grimaldi -desde cuyo lugar se les perdió la pista-, y posteriormente lanzados al mar.
Claro que eso mismo dijeron de otros detenidos desaparecidos que luego aparecieron enterrados clandestinamente al interior de regimientos, en particular en Peldehue.
La otra cara de la moneda
Hace unos días, murió un victimario que no alcanzó a cumplir su condena, Hernán Chacón Soto. No alcanzó a cumplir los 15 años de prisión por el asesinato de Víctor Jara. Se suicidó.
Condenado como autor de los homicios de Jara -de 44 tiros al cantautor- y de Litre Quiroga, optó a sus 86 años por quitarse la vida y no pagar con cárcel el resto de sus días.
El paradigma de de la impunidad ha sido, sin dudarlo, Augusto Pinochet Ugarte, es el más fiel reflejo que la impunidad geríatrica existe. Estuvo más de un año preso, ¿pero eso compensa todo el daño hecho?
La impunidad geriátrica
Hoy piden consideración. “Consideración se debería tener con los familiares de detenidos desaparecidos que son revictimizados por la impunidad geríatrica».
«Mueren sin saber la verdad del destino de sus esposos, padres, hijos o hermanos. En una larga agonía de lucha y búsqueda de la verdad», nos dijo Carmen Gloria Quintana, víctima de barbarie estatal.
«(…) Por ello, antes de pensar en perdonar, los victimarios deben hacerse responsables de sus actos, de sus omisiones, arrepentirse genuinamente del daño causado», nos señaló.
Pero no es suficiente, deben «Entregar información de manera activa de manera de comenzar a reparar el daño”, nos dijo la psicóloga y víctima, Carmen Gloria Quintana.
Perdón v/s justicia
El rector de la UDP, Carlos Peña, ha dicho sobre el perdón a los criminales: “El perdón es opuesto a la justicia. La justicia tiene por objeto la reparación: corregir lo que el acto lesivo e ilícito alteró».
«A esto, los penalistas llaman la función retributiva de la pena. Pero además la pena se justifica porque crea condiciones que desincentivan la ejecución de los crímenes», dijo.
«Esta es la función preventiva de la pena. Tanto desde el punto de vista preventivo como retributivo, los condenados de Punta Peuco no tienen salida», ha asegurado Peña.
Para el rector «Ellos merecen que se les inflija un mal similar al que causaron, y la sociedad requiere que haya castigos que desincentiven en el futuro la comisión de crímenes semejantes”, señala.
Las otras acciones que favorecen la impunidad
De los primeros en hablar de “impunidad geriátrica”, fue el ex ministro de la Corte, Alejandro Solís, quien fuera defenestrado en su labor de apoyo a las causas de DDHH a solicitud del Ejército, sospecha.
Para Solís, “Si pasa el tiempo ¿en qué se traduce esto? Se van muriendo las víctimas y se van muriendo los testigos y los inculpados por razones de salud no pueden ir a la cárcel»
«Entonces se produce una impunidad biológica”, nos señaló. Para el juez, falta voluntad de avanzar.
La justicia tardía, no es justicia
Un aforismo internacional, asegura que “la justicia tarda, pero llega”. Eso en Chile, en materia de derechos humanos, es parcialmente falso. Es lenta, qué duda cabe, pero no siempre llega.
Durante decenios, en dictadura y también en democracia, los tribunales militares retrasaron sin investigar, miles de causas. Los tribunales civiles hicieron lo propio denegando los amparos por años.
Recién tras la detención de Pinochet en Londres la “justicia” civil accedió a investigar causas de DDHH y a designar jueces dedicados a estos temas. Para muchos, fue demasiado tiempo.
Hoy, se avanza a pasos agigantados, es verdad, pero eso es hoy, a más de 50 años del genocidio, cuando muchas Anitas y muchos Chacón partieron sin justicia los primeros y con impunidad geriátrica los otros.
Es hora de terminar los pactos de silencio
Otro hecho que favorece la impunidad, han sido los pactos de silencio que hasta hoy se mantienen entre criminales, militares y civiles.
Al cumplirse los 50 años, el cardenal católico en el Tedeum de Fiestas Patrias, llamó a terminar con ese silencio y ofreció a la Iglesia como receptora de información.
Arrepentirse no es solo lamentar o reconocer haber hecho o dejado de hacer algo que ha causado daño a otros, es más profundo, implica reparar el mal causado. La impunidad geriátrica no lo hace.
La verdad, aún en anonimato, podrá ayudar a las familias de las víctimas. También la conciencia de victimarios, cómplices, encubridores y testigos que vieron o supieron algo.
A 50 años, es tiempo de terminar con los pactos de silencio. Es tiempo de verdad, de justicia, es cierto, también de reparación. Solo eso abrirá las puertas de la verdadera reconciliación.
