Bastó que el jueves se filtrara un documento de Contraloría del 13 de diciembre para que empezara la andanada -a veces francamente delirante- de explicaciones. El motivo: las pensiones de gracia.
Esas que se entregaron desde el último año de gobierno de Sebastián Piñera, siguieron asignándose en este y fueron otorgadas a personas que sufrieron daños graves y/o quedaron restringidas para trabajar a propósito del estallido social. Esa era la idea, al menos.
Fueron 419 en total.
Quienes postulaban a ellas, en carta dirigida al Presidente de la República, debían adjuntar una serie de antecedentes y certificados que los respaldaran en su petición.
Y es en ese punto donde la Contraloría encendió las alarmas.
Según su informe, figuran como adjudicatarios de pensiones de gracia 58 personas condenadas por la justicia, incluidos delitos violentos. También hay otros (11) que ya recibían bonos y pensiones del Estado por otros motivos, duplicidad que la ley prohíbe expresamente.
Las irregularidades en su entrega sumaron y siguieron. Antecedentes insuficientes (19 casos), con certificados ilegibles, anteriores a octubre de 2019, personas con lesiones leves y otras joyitas enredaron cada vez más la madeja.
ENTRA EL MINISTERIO PÚBLICO
El último capítulo de esta historia -hasta el momento- es la decisión del Ministerio Público, a través de la Unidad Anticorrupción, de iniciar una investigación que vino a echarle más pelos a la sopa.
La indagatoria está a cargo del fiscal Marcos Pastén.
“En cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales, cada vez que hay información en la prensa que da cuenta de un hecho que reviste interés, que en el cual la Contraloría ha emitido un pronunciamiento, por razones de prudencia y de buena gestión suelo requerir informe a las unidades especializadas de la Fiscalía para que manifiesten desde el punto de vista técnico si hay justificación o no para abrir una investigación”, precisó el fiscal nacional, Ángel Valencia, en el programa Mesa Central, de Canal 13.
“La unidad reportó que efectivamente había méritos para iniciar de oficio una investigación, porque había antecedentes de hechos que podían revestir caracteres de delito”, agregó.
El fiscal nacional se explayó diciendo que entre las hipótesis iniciales “podría haber también, por ejemplo, fraude de subvenciones, es decir personas que entregaron información falsa con el objeto de poder acceder a una de esas pensione. Podría haber alguna prevaricación administrativa”.
Eso sí, aclaró que “puede haber una situación ilegal y eso no necesariamente constituye un delito. Hay irregularidades de distinta naturaleza y de distinta gravedad. Lo que a nosotros nos corresponde establecer es si dentro de los hechos que efectivamente ocurrieron se cometieron delitos”, agregó.
Valencia detalló que en casos como este normalmente se parte revisando “el actuar de los funcionarios públicos, más que los beneficiarios”, pero que, si hay mérito, es probable que también se dirija hacia los beneficiarios”.
LA CULPA ES TUYA, NO MÍA
Pero volvamos al principio.
Como el Gobierno sabía desde mediados de diciembre pasado de los resultados de la investigación de la Contraloría, lo lógico era que hubiera estado preparado para lo que vino, ya que el de las pensiones de gracia igual era “tema”, porque de rato en rato la oposición hacía alguna declaración al respecto.
De hecho, hasta comisión hubo en la Cámara de Diputados, donde fueron las autoridades a apaciguar a los parlamentarios y a bajarle el perfil al asunto.
Pero aun así parece que no la vieron venir.
Y el discurso se cayó.
Uno de los primeros en acusar el golpe fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
El mismo día jueves.
“El Gobierno nunca debió haber entregado pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y no tenían lesiones permanentes”, dijo.
«Si me preguntan si eso fue un error, diría sí, fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento”, puntualizó.
“Yo sí dicté la modificación de ese procedimiento que hoy día le permite a Chile que para entregar una pensión de gracia tiene la obligación de pedir los antecedentes penales”, agregó.
FUE ANTES. ¿O NO?
Monsalve manifestó que el Gobierno cumplió “rigurosamente los requisitos del procedimiento establecido para entregar esas pensiones” y fue enfático en aclarar que el beneficio se dio antes de que fuera requisito la solicitud de antecedentes penales.
Y es ahí donde empiezan a aparecer las incongruencias en el relato del Gobierno.
Porque el subsecretario explicó que los criterios fueron fijados el 4 de enero de 2022 durante el gobierno de Sebastián Piñera, y que “ni en la ley, ni en la glosa 12, ni en el reglamento se estableció que tenían (que presentar) antecedentes médicos”.
Rápidamente hubo que salir a aclarar, porque en la resolución firmada por el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli salía explícitamente que los beneficiados debían acreditar la calidad de afectado con antecedentes médicos.
¿Qué pasó, entonces?
Parece que nadie sabe.
EL SUMARIO SIN DESTINO
Según La Tercera, el ministerio del Interior, a través de la subsecretaría, instruyó un sumario a fines de diciembre para investigar eventuales responsabilidades ante las desprolijidades que acusaba el documento de la Contraloría.
Los cuestionamientos apuntaban directamente a la comisión asesora a cargo del tema.
Pero no debe haber habido mucho avance, porque para cuando se difundió el informe de Contraloría la respuesta del Gobierno fue más bien dubitativa.
Y otra vez salió el empate.
“La falta de antecedentes penales como elemento a considerar es algo que también sucedió en el gobierno anterior, y dentro de las pensiones que llevó el expresidente Piñera también hay personas con antecedentes penales y algunos de ellos muy graves”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.
EL INDH ES ¿EL VILLANO?
Las explicaciones continuaron.
En otra vocería, Manuel Monsalve explicó que los antecedentes médicos no los solicita el ministerio del Interior, sino que el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) y, por tanto, estos “vienen en la carpeta del INDH que llega al Departamento de Acción Social del ministerio del Interior en el marco de la postulación y allí viene la fecha de solicitud, el consentimiento informado, los antecedentes personales, los antecedentes médicos y viene un certificado del INDH, que es muy clave”.
Agregó que ese certificado es “muy explícito, donde dice que el INDH, en virtud de todos los antecedentes, ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido social, donde se detalla la fecha y el lugar donde se produjo, tienen la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral”.
El subsecretario reconoció que ni en el gobierno anterior ni en el actual “el departamento de acción social solicitó antecedentes médicos directamente a las personas afectadas. Siempre evaluó su condición médica en virtud de los antecedentes médicos que venían en la carpeta del INDH”.
“Por algo hemos instruido un sumario administrativo y consideramos pertinente que la Contraloría solicite antecedentes adicionales a los que estaban en la carpeta”, aseveró.
A MÍ, QUE ME REGISTREN
En todo caso, el INDH, que para la entrega de las pensiones de gracia era encabezado por Sergio Micco, salió a defenderse.
A través de un comunicado el organismo declaró que, aunque la legislación encomendó al organismo que acreditara la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos, “el otorgamiento del beneficio de la pensión de gracia estaba radicado en el ministerio del Interior y Seguridad Pública, acción que ejecutó a través del Departamento de Acción Social y la comisión especial asesora. El INDH nunca intervino en este proceso”.
El instituto agrega que todas las pensiones fueron entregadas a través de la Glosa 12 de Presupuestos, sobre personas afectadas en las manifestaciones que no está relacionada con el INDH.
No se otorgaron a través de la Glosa 15, que es la que determina como beneficiaras a víctimas de violaciones a los DD.HH. certificadas por el INDH con lesiones que les generen menoscabo laboral.
Un dato más: un oficio enviado al Presidente Gabriel Boric el 23 de septiembre del 2022 por la directora del Instituto, Consuelo Contreras, le advertía que no podían seguir acreditando las afectaciones de los postulantes para acceder a las pensiones. El mensaje nunca obtuvo respuesta del Mandatario.
¿Quién y cómo los visó, entonces?
DELITOS SEXUALES Y PORNOGRAFÍA INFANTIL
Más grave todavía es que se hayan entregado pensiones de gracia a condenados por delitos, algunos tan graves como abuso sexual y elaboración de material de pornografía infantil.
Tal vez para apaciguar un poco los ánimos, la ministra del Interior, Carolina Tohá, comunicó que “el Presidente de la República apenas conoció el tipo de delitos en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios tomó una serie de definiciones”.
“La semana pasada, antes de irse de vacaciones, dejó instruido (…) y de hecho firmado, que el caso de la persona con antecedentes de pornografía infantil inmediatamente se debía revocar”, dijo.
Lo de “apenas supo”, eso sí, no deja de ser relativo, porque el documento de Contraloría fue entregado al gobierno hace más de un mes, según hizo notar ExAnte.
VAMOS ACLARANDO
“Estamos hablando de 418 pensiones, 148 corresponden a la administración de Sebastián Piñera y 270 a la administración de Gabriel Boric. 69 se identificaron que tenían antecedentes de distinta naturaleza”, dijo la ministra vocera, Camila Vallejo.
“Por favor, dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno de manera permanente, siendo que su propio presidente Sebastián Piñera entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves”, dijo molesta ante las consultas de la prensa.
Enfatizó que “nuestro Gobierno se hizo cargo de modificar la normativa para tener la exigencia de revisar los antecedentes penales de las entregas a las pensiones de gracia”.
“Propusimos modificaciones legales para que la ley, si es que la aprueba el Congreso, exija respecto a este tipo de financiamiento, primero, tener a la vista los antecedentes penales, y segundo, si aquellas personas que tienen pensiones de gracia cometen delitos de alta connotación, se le termina la pensión de gracia”, recalcó.
SE REVISARÁN LAS PESIONES DE GRACIA
No hubo fin de semana libre en La Moneda.
La ministra del Interior fue este domingo a Mesa Central, donde adelantó que “en los próximos días hay que revisar otros casos, pero ya hay un número seguro de 25 pensiones que se van a dejar sin efecto”.
De todos modos, no se quitará el beneficio estatal a “personas con pérdida ocular”, porque se “ha tomado la decisión que hay daños que tienen tal cuantía que no es relevante que haya antecedentes penales”.
“La pensión de gracia no es premio al mérito, no tiene que ver con que la persona es un buen ciudadano, tiene que ver con que está acreditado un daño causado por el Estado que es grave, irreversible y que tiene consecuencias severas en sus vidas”, puntualizó Carolina Tohá.
Reconoció que “este proceso tuvo falencias y sin duda alguna es una situación indignante que hay que corregir”.
LA OPOSICIÓN EN PICADA
Nada de eso ha podido apaciguar a la oposición y su festín, que pide se asuman responsabilidades políticas, entre otras cosas, por la carta enviada por el INDH al Gobierno en septiembre del año pasado, en la que aseguraban no contar con los mecanismos para acreditar afectaciones de las personas postulantes a este beneficio.
Piden, al menos, la cabeza del subsecretario del Interior.
Así lo planteó, entre otros, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli).
“Monsalve, Tohá o el propio Presidente Boric deben hacerse responsables de haber otorgado pensiones de gracia sin la rigurosidad que se requiere para acreditar que las personas hayan sido víctimas reales de violaciones a los derechos humanos”, expresó.
“Basta de cometer errores y que nadie pague por los errores, aquí alguien debe hacerse responsable. Es Tohá y Monsalve quienes deben asumir esas responsabilidades”, recalcó.
Este sábado, diputados de Renovación Nacional ingresaron una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y fraude al Fisco y solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) evaluar acciones penales.
«CONTRALORÍA NOS HA DADO LA RAZÓN»
“Esto revela que la incompetencia, la desidia y la complicidad con la entrega de estas pensiones de gracia es escandalosa y esto exige que el presidente tome las decisiones correspondientes respecto a las responsabilidades políticas”, dijo el diputado Andrés Longton.
“No puede ser que esto quede en la más absoluta impunidad cuándo estamos hablando de recursos públicos de todos los chilenos que lamentablemente terminaron en manos de delincuentes“, agregó.
“Contraloría nos ha dado la razón aclarando que es posible hacer la revocación de estas pensiones de gracia si las personas tienen antecedentes penales. Lo cierto es que RN, en su artículo transitorio (de un proyecto en ese sentido que habían presentado con anterioridad), propone hacer la revocación inmediatamente a quienes tengan antecedentes penales, pero fue desestimado por los partidos de Gobierno”, reclamó el diputado Frank Sauerbaum.
Desde la UDI, el presidente de la comisión investigadora de la Cámara sobre las pensiones de gracia, Henry Leal (UDI), dijo a La Tercera que su partido busca impulsar una batería de medidas con respecto a las desprolijidades que se dieron en el pago de este beneficio a presuntas víctimas del estallido social.
Estas incluyen la creación de una nueva comisión investigadora sobre las pensiones de gracia, pues la primera terminó su trabajo justo antes de que se conocieran todos los antecedentes nuevos del informe de la Contraloría.
BUENA CRIANZA
Mientras, en los partidos de Gobierno hay una tensa calma.
El diputado Leonardo Soto se mostró confiado en que no existe responsabilidad de parte del Ejecutivo.
No obstante, acotó, “podría haber algún tipo de fraude de algunos postulantes a las pensiones de gracia. A todos nos da mucha tranquilidad que el Ministerio Público haga una investigación y haga un filtro al detalle de si ha habido abusos que sean constitutivos de delitos”.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, como suele suceder en este tipo de casos, fue cauta y prefirió las palabras de buena crianza:
“Las responsabilidades deben determinarlas los órganos competentes. Aquí hay un informe de Contraloría y se ha abierto una investigación. Yo soy muy respetuosa de las instituciones y de no pronunciarme anticipadamente porque hay que respetar que estas instituciones puedan hacer su trabajo y esclarezcan los hechos «, dijo.
Mientras, los cientos de otros beneficiarios de pensiones de gracia que no son a raíz del estallido social tiemblan ante la idea de que en todo este lío terminen pagando justos por pecadores.
