Hoy, la ministra del Interior, Carolina Tohá, en un evidente cambio de tono acerca del caso que complica a la diputada y vicepresidenta de la Cámara Baja, Catalina Pérez, quien suspendió su cargo a raíz de la trama de los convenios entre el Serviu de la región de Antofagasta a cargo del ex seremi Carlos Contreras (RD) y la Fundación Democracia Viva, presidida por la pareja de la diputada, Daniel Andrade (RD), puso a los presuntos involucrados frente a un verdadero jaque mate.
Dicho cambio de tono es coherente con el cambio del discurso oficial que hablaba de “error” y “descriterio político”, para pasar derechamente al plano judicial en el tema. En esa línea, el propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, viajará a Antofagasta y buscará reunirse con el fiscal Cristián Aguilar, quien tiene a su cargo la indagatoria por los convenios entre la Seremi de Antofagasta y la fundación vinculada a la ex timonel de RD, para entregarle los antecedentes que recopiló tras ordenar a una comisión investigar el hecho.
“Una parte de los recursos ya los han gastado, aquella parte que no han gastado y que está en proceso de revisión nos parece que lo sensato y razonable es que los pongan a disposición. Si no lo hacen, nosotros iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos”, había señalado ya el ministro Montes.
Carolina Tohá dijo hoy, de manera perentoria: “Desde el momento en que la fiscalía está investigando, es porque existen sospechas de delito. La fiscalía sólo se involucra cuando ve sospechas de delito. Ahora, la posibilidad no es lo mismo que la certeza”, expresó la ministra del Interior.
Al respecto, Tohá apuntó que en caso de que la organización no restituya dichos fondos, “el ministerio va a iniciar las acciones para que sea compelida a hacerlo”. Lo anterior tiene por fin evitar que se constituya, eventualmente el delito de estafa, pues al devolverse los fondos se pierde un elemento de la esencia del delito, el perjuicio. Sin perjuicio, no hay estafa. Habría que determinar si concurren otras figuras delictuales, como fraude al Fisco o tráfico de influencias. Lo cierto y, que a estas alturas nadie discute, es a lo menos un caso de negociación incompatible de alcance ético y político.
Agregó al respecto la titular de Interior, que “El ministro (Montes) ayer dijo algo importante, y es que los montos de este traspaso de esta subvención que no se hayan ejecutado, deben restitutirse, y si no lo hace la organización, el Ministerio va a iniciar las acciones para que sea compelida a hacerlo”, concluyó.
