En su papel como ministro interino del Interior, Manuel Monsalve participó este lunes en la reunión de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde abordó las consultas de los legisladores sobre el acuerdo de cooperación policial con Venezuela.
Durante la sesión, Monsalve también respondió a las críticas sobre la gestión del gobierno de Gabriel Boric respecto a las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien sugirió que el homicidio y secuestro del exmilitar venezolano refugiado en Chile, Ronald Ojeda, podría haber sido perpetrado por «cuerpos de Inteligencia de Chile y extranjeros» como una «operación de falsa bandera».
Las críticas tempranas provinieron de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien en una entrevista con CNN Chile Radio señaló la «ingenuidad» del gobierno de Boric en su relación con el régimen de Nicolás Maduro, atribuyendo la firma del convenio para facilitar el intercambio de información penal y sobre delitos violentos a Monsalve.
DEBILIDAD POR PARTE DEL GOBIERNO
El diputado de La Araucanía, Henry Leal, también expresó durante la sesión que el gobierno había actuado con debilidad en este asunto.
Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional y presidente de la comisión, cuestionó la respuesta del gobierno ante las declaraciones del fiscal venezolano, comparándola con la reacción ante las afirmaciones de la ministra de Seguridad de Argentina sobre la presencia de Hezbollah en Chile.
En ambos casos, se optó por enviar una nota de protesta.
GESTIÓN GUBERNAMENTAL
En defensa de la gestión gubernamental, Monsalve argumentó que desde que asumieron en marzo de 2022, han demostrado carácter y capacidad para abordar los desafíos de seguridad, tanto en La Araucanía como en otras regiones del país.
Respecto al convenio con Venezuela, aclaró que se trata de un acuerdo para el intercambio de información coordinado por la Policía de Investigaciones, no relacionado con solicitudes de cooperación penal internacional del Ministerio Público.
Monsalve destacó la importancia de obtener antecedentes penales de ciudadanos extranjeros en Chile para tomar decisiones adecuadas y proteger la seguridad del país, enfatizando que este esfuerzo es una responsabilidad que el gobierno ha buscado cumplir.
