El alcalde de Curacaví, Christian Hernández (independiente), se refirió este lunes a la controversia generada por su participación en la entrega de uno de los cinco imputados por el crimen del empresario Michael Peñaloza, ocurrido el pasado 18 de agosto en la comuna.
El jefe comunal admitió que actuó con ansiedad ante la conmoción del caso y defendió su rol de “mediador” en la detención. “No es que tuviéramos desconfianza, pero sí mucha ansiedad. Si he pecado de algo, ha sido de ansioso, esperando que hubiera una pronta respuesta a esta situación”, declaró.
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LA POLÉMICA INTERVENCIÓN
La controversia surgió cuando José Contreras Escobar (28), uno de los imputados, se presentó voluntariamente en la 63° Comisaría de Carabineros de Curacaví. Según la investigación, fue su madre quien, tras escuchar la confesión del joven, recurrió al alcalde para convencerlo de entregarse. Hernández acudió junto al director de Seguridad Municipal, Francisco Eyzaguirre, y acompañó al sospechoso hasta la unidad policial.
Sin embargo, el Ministerio Público observó con cautela esta intervención, cuestionando que funcionarios municipales hubiesen desplegado labores investigativas –como empadronar testigos o recopilar antecedentes– que son atribución exclusiva de la Fiscalía y de la PDI.
“Nosotros nos allanamos, con mucha responsabilidad, a aquello que las demás instancias del Estado señalan. Y si en alguna medida aquella intervención nuestra entorpece la investigación, no tengo inconveniente en reconocer que estamos atentos para no volver a cometer una acción como esa”, sostuvo Hernández.
FISCALÍA INDAGA EL ROL DEL ALCALDE
La Fiscalía Regional Occidente, encabezada por el fiscal Marcos Pastén, abrió una investigación para precisar el papel que cumplió Hernández y los equipos de seguridad municipal en este procedimiento. Hasta ahora, el alcalde figura en calidad de testigo.
El propio persecutor señaló que no existen antecedentes de una obstrucción deliberada, pero sí la necesidad de aclarar hasta qué punto se excedieron funciones municipales en un caso de alta connotación pública.
EL TRASFONDO DEL CASO PEÑALOZA
El crimen del ingeniero Michael Peñaloza conmocionó a Curacaví. Durante un robo en su domicilio, la víctima fue atropellada con su propia camioneta, la cual había sido sustraída en un asalto previo días antes.
La investigación de la PDI permitió identificar a cinco imputados: Esabu Muñoz Escobar (24), José Contreras Escobar (28), Vicente Higuera Muñoz, Matías Tapia Adasme y Kevin Aguilar Tapia. Según la Fiscalía, se trata de una banda juvenil dedicada a robos en casas y comercios de la zona.
Muñoz, detenido en primera instancia, reconoció haber conducido la camioneta en el atropello, lo que aceleró la tramitación de las órdenes de captura contra el resto de los sospechosos.
HERNÁNDEZ Y LA PRESIÓN POR LA SEGURIDAD
El alcalde reconoció que su participación estuvo marcada por la tensión social que vive la comuna. “Me entrevisté en la semana con el ministro de Seguridad (Luis Cordero). Básicamente, mi objetivo era lograr que nos aumentaran la dotación de Carabineros, pero me quedé con un sabor amargo… Por lo tanto, todas estas cosas van generando ansiedad”, dijo.
Hernández insistió en que nunca tuvo la intención de obstaculizar la labor policial: “Todo el sistema de justicia y seguridad sabe muy bien lo que está pasando. Si hubiéramos tenido alguna investigación paralela lo sabrían, no es efectivo”.
Caso Peñaloza: el alcalde de Curacaví actuó como detective, detuvo a un sospechoso sin coordinar con Fiscalía ni PDI.
El ministro Cordero y el fiscal Pastén lo emplazan: “No tiene competencias investigativas. Pone en riesgo el proceso”.
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— AgenciaUno (@agenciaunochile) August 24, 2025