Nacional y economía

Codelco: CDE se querella por posible fraude de $12.800 millones

Agencias

Una auditoría secreta de Cochilco apuntó a un contrato de mantención del horno de la División Chuquicamata

Luego que una auditoría secreta desarrollada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió querellarse por “un entramado de conductas dolosas” de altos funcionarios de Codelco que habría afectado al patrimonio de la empresa en $12.800 millones.

Esto, en el marco de un proyecto para la mantención periódica del “horno flash” de la División Chuquicamata (DCh), que permite -previa fundición y separación de diversos metales extraídos- obtener concentrado de cobre de alta ley. En 2017 se adjudicó el trabajo a una Outotec Chile.

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A ella, sostuvo la querella, se le transfirieron pagos injustificados y elevados.

La acción legal ya fue acogida a trámite por el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago.

El servicio tuvo un costo de $8.429.340.874 y se estimó un tiempo de cuatro meses para que ejecutara las labores.

SITUACIONES DE RELEVANCIA PENAL

Según publicó Interferencia, la auditoría realizada por Cochilco reflejó que la licitación donde la empresa se adjudicó el trabajo no tuvo total transparencia y que se “modificó la fecha de recepción de las ofertas por el gestor del proceso sin notificar a los oferentes, lo cual favoreció a la empresa Outotec, pues permitió que pudiese cargar su oferta en el portal fuera de plazo”.

La querella sostuvo que en el contexto de la administración y ejecución del contrato, “se verificaron múltiples situaciones de relevancia penal, como la contratación de la más onerosa de las opciones disponibles (había tres oferentes), sin causa justificada”.

También se cuestionó “la no realización de descuentos proporcionales por los servicios no prestados por la empresa adjudicataria; la no imposición de multas por retrasos e incumplimientos en aplicación de las respectivas cláusulas contractuales, entre otras”.

Y por concepto de multas (contra los incumplimientos de la empresa que se adjudicó la licitación), la auditoría realizada por Cochilco mostró que Codelco “debió haber cobrado $2.134.513.703”.

El informe de fiscalización cifró el detrimento económico para Codelco, producto de las fallas y desviaciones originadas en la prestación del servicio contratado, en $12.802.921.349.

“CONDUCTAS DOLOSAS”

Según la querella, los hechos darían cuenta de “todo un entramado de conductas dolosas (…)” por parte de la minera estatal y de una “disposición del patrimonio fiscal económicamente ineficiente ―y evidentemente gravosa―, la cual es producida por una infracción dolosa de deberes funcionarios por parte de trabajadores y/o ejecutivos de Codelco“.

Apunta, asimismo, a que esos trabajadores y/o ejecutivos, “a sabiendas, contrataron servicios no utilizados totalmente en condiciones extremadamente gravosas para la empresa pública”.

Conforme a los antecedentes -y la forma, montos y contrato involucrado- la querella apuntó que la defraudación pudo ser efectuada “por un funcionario que interviene en la respectiva operación en razón de su cargo, cuestión que importa que el injusto se corresponda con un menoscabo patrimonial ocasionado desde el interior de la administración pública”.

La acción judicial solicitó que se interponga una querella criminal “en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito consumado de fraude al Fisco (…)”.

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