Un impago de más de 3 meses y un monto gigantesco de $5 mil millones tiene el Poder Judicial con la constructora que edificó y entregó el nuevo Centro de Justicia de la ciudad de Los Ángeles, en la región del Bío-Bío. Hay ya acciones legales y el dueño de la empresa acusa que sufre en carne propia el viejo adagio: “En casa de herrero, cuchillo de palo”
La empresa Ricardo Rodríguez y Cía. reclama que la Corporación Administrativa del Poder Judicial mantiene a la fecha el impago de toda la construcción y entrega de las obras del nuevo y millonario Centro de Justicia de la ciudad de Los Ángeles, en la región del Bío-Bío.
El contratante denuncia que el organismo ¨técnico” para la toma de decisiones institucionales y de infraestructura que tiene la justicia chilena rechazó facturar retenciones asociadas a la obra, pero además, hay malas formas y maltrato profesional ante un trabajo gigantesco y terminado hasta con premio incluido.
El nuevo Centro de Justicia reunirá a los tribunales de Familia, Laboral y Letras de Los Ángeles y fue proyectado luego del colapso que sufrieron los antiguos juzgados en el terremoto de 2010. La iniciativa quiere reunir en un solo espacio a todas las dependencias judiciales y su edificación derivó en una disputa judicial en dos frentes entre la empresa Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda. y la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
La constructora interpuso una acción contravencional ante el Primer Juzgado de Policía Local de Santiago, acusando una infracción a las leyes N°18.287 y N°19.983, esta última vinculada al mérito ejecutivo y pago de facturas por más de $1.417 millones y una demanda de incumplimiento forzado e indemnización de perjuicios ante el 1° Juzgado Civil de Santiago por más de $3.300 millones.
El 14 de agosto de este año, la jueza Isabel Zúñiga Alvayay dio cursó a la demanda civil y el tribunal comunal exigió el pago de adeudado en un plazo que ya venció pues era el viernes 6 de noviembre.
La controversia está en que los mandos técnicos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial no cumplen los contratos y fechas de pago con una obra absolutamente terminada.
LOS IMPAGOS QUE TIENE EL PODER JUDICIAL
La primera acción legal de constructora Rodríguez se concentra en el canje y devolución de retenciones aplicadas en los estados de pago N°1 al 34 de la obra, identificada como “Construcción Centro de Justicia Tribunal Familia, Laboral y Letras de Los Ángeles”, que se levantó en la capital de la provincia del Bío Bío.
El monto corresponde a 34 estados de pago y, según el contratista, el proyecto está terminado y sus observaciones fueron subsanadas.
Ricardo Rodríguez Roa, afirmó que la factura fue rechazada por el Departamento de Infraestructura de la Corporación, sin una respuesta formal que explicara los fundamentos de esa decisión.
La empresa sostiene que las retenciones corresponden a obras ya ejecutadas y cita el numeral 14.3 de los términos de referencia del contrato, que —según su interpretación— permite su devolución anticipada mediante la presentación de una garantía.
De acuerdo con los antecedentes acompañados por la firma, desde marzo de este año ha solicitado el mecanismo de devolución a través de una póliza pagadera a la vista. La empresa informó además que estaba gestionando una nueva boleta de garantía por correcta ejecución, con vencimiento al 19 de mayo de 2028.
A ello se suman, siempre según la presentación, garantías de fiel cumplimiento vigentes por 81.232,96 UF.
Su monto equivaldría al 10% del valor contractual vigente, que la constructora cifra en total a la fecha $28.414.258.846 y por lo cual presentó la demanda ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, el cual está en los plazos de réplicas y duplicas luego de la admisibilidad de la acción.
¿Y QUÉ DICE EL CONSEJO SUPERIOR DE CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL?
La Corporación Administrativa del Poder Judicial se rige por los dictámenes e instrucciones de su Consejo Superior, que lidera la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich y otros 3 integrantes del máximo tribunal del país, la directora, aún subrogante de la CAPJ, Andreina Olmo, los jefes técnicos y los gremios, que fueron integradlos este año.
El jueves pasado, citan fuentes judiciales a Está Pasando, la presidenta Chevesich se retiró antes de la sesión semanal para asistir a la Asamblea de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas y dejó el tema “pendiente” porque “lo quiere ver de forma personal y directa”.
El problema radica en que una sesión semanal para tantos temas administrativos no logra ser el tiempo suficiente para zanjar este tipo de controversias, generar los pagos y ejecutar el Presupuesto para el Poder Judicial.
Por ejemplo, el presupuesto en inversión alcanza los $39.000 millones y el Poder Judicial sólo lleva ejecutado $9.000 millones al mes de septiembre, lo que equivale a apenas 23,1% del presupuesto vigente.
La posición de la constructora es que la obra se encuentra completamente terminada y sostiene que la retención de los $1.417 millones ha provocado un perjuicio patrimonial “crítico”.
Te puede interesar: Criteria sitúa aprobación de Kast en 18%
En sus escritos afirma que debió recurrir a financiamiento extraordinario e hipotecar bienes de la empresa y de sus socios para mantener su operación y cumplir obligaciones.
También asegura que enfrenta dificultades de liquidez incluso para pagar oportunamente remuneraciones, mientras permanecen pendientes, según su versión, resoluciones y pagos vinculados a un contrato cuya ejecución material ya concluyó.
En su presentación asegura que el 7 de agosto la comisión designada concluyó la revisión de las observaciones formuladas y verificó que estas habían sido subsanadas.
No obstante, acusa que aún no se le había entregado el Acta de Recepción Provisoria con Reserva, documento que —de acuerdo con su relato— debía ser emitido el 28 de agosto.
La empresa vincula la falta de ese acto administrativo con el rechazo de la facturación de las retenciones y un corte abrupto de las comunicaciones para poder avanzar en los pagos.
El expediente incorpora otra comunicación, remitida el 7 de septiembre a la directora interina de la CAPJ, Andreina Olmo Marchetti.
En ella, la constructora informó que la recepción municipal estaba pendiente de una observación de la Dirección de Obras Municipales. Según señala, su corrección estaba siendo gestionada por el arquitecto revisor independiente contratado por la Corporación Administrativa, sin aún ninguna información sobre esa labor y sus resultados.
En la presentación enviada posteriormente a la Corte Suprema, la empresa afirma que esa gestión dependía de antecedentes cuya emisión y entrega correspondían exclusivamente a la CAPJ. Esa es una de las bases con las que sostiene que la demora no le sería imputable.
Con todo, las dos acciones en curso y el “tema pendiente” para la presidenta Chevesich, este jueves 19 de noviembre, desde la constructora esperan que “salga algo bueno” porque si no, será un largo tránsito legal para exigir lo acordado.







