Nacional y economía

Contraloría detecta irregularidades en millonarios contratos entre Segegob y encuestas

Agencia

Según Contraloría, se constató que hubo “adquisiciones con los proveedores” por montos superiores a mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Contraloría reveló irregularidades en la contratación de servicios por parte del ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) en estudios solicitados a Cadem, Criteria, la Universidad del Desarrollo y Fases Asesoría e Investigación en Gestión de Marketing, entre enero de 2020 y octubre de 2021, cuando era dirigido por el exministro Jaime Bellolio (UDI).

En el caso de Cadem fueron 12 tratos directos por conceptos de “estudios de opinión y estratégicos” en un periodo de 12 meses, lo que significó un desembolso de $345.149.782.

La consultora “contaban con una reconocida y comprobada experiencia técnica, orientada hacia la investigación de mercado y opinión pública en Chile, sin que se haya demostrado documentadamente la causal invocada”, se lee en las conclusiones.

Las “mismas causas y modalidades” aplicaron para la Universidad del Desarrollo, Fases y Criteria, en las que se pagó $255.000.000, $193.246.048 y $138.592.000, respectivamente.

En el mismo informe, Contraloría constató que hubo “adquisiciones con los proveedores” Cadem y Fases por montos superiores a mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) “sin que conste la existencia de los respectivos contratos, situación reconocida por el servicio”.
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“Se observó que para los dos tratos directos anotados en el punto anterior, con los proveedores CADEM S.A., por $66.000.000 y Fases Investigación y Asesorías en Gestión de Marketing ltda, por $56.181.440, no se estableció en las respectivas resoluciones que autorizaron los tratos directos (…) para no exigir el otorgamiento de una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y por lo tanto dicha operación debió contar con la garantía o resguardo respectiva”, versa el informe.

Finalmente, hubo otra ejecución de contratos en los que no se cumplió: se trata de servicios de la Pontificia Universidad Católica, donde hubo un incumplimiento en el plazo de ejecución, que era “de 8 semanas a partir de la aceptación de la orden de compra, para la realización de un estudio sobre discriminación y participación ciudadana, por un monto de $9.800.000. Sin que exista una modificación del plazo en las condiciones y términos de referencia que regulan este trato directo”.

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