La demolición de viviendas reconstruidas para damnificados de los incendios de 2024 en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, abrió un nuevo frente judicial y técnico entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la constructora San Sebastián Limitada.
El Segundo Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió una solicitud presentada por la empresa y decretó, como medida prejudicial probatoria, la elaboración de un informe técnico por parte de un perito ingeniero o constructor civil. La resolución fue dictada el pasado 16 de junio, en la antesala del plan de desmantelamiento impulsado por el Minvu.
La defensa de la constructora, encabezada por el abogado Jaime Barrientos, sostuvo ante el tribunal que el derribo de los inmuebles podría provocar la destrucción irreversible de evidencia material necesaria para acreditar el correcto cumplimiento contractual de la empresa.
EL MINVU AFIRMA QUE LA DEMOLICIÓN NO ESTÁ PARALIZADA
El Ministerio de Vivienda, liderado por el ministro Iván Poduje, respondió mediante una declaración pública y afirmó que desconoce la información entregada por el abogado de la constructora, porque aún no recibe una notificación formal sobre esa resolución.
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La cartera precisó que el documento difundido solo da cuenta de la solicitud de un informe pericial, pero no establece la paralización del proceso de demolición. En esa línea, el Minvu remarcó que la medida judicial no suspende el plan de desmantelamiento de las viviendas cuestionadas.
RECURSOS JUDICIALES NO FRENARON EL PROCESO
El ministerio también recordó que, en los recursos de protección presentados por la constructora San Sebastián y por la EP Social Arquitectura, la Corte de Apelaciones de Valparaíso no acogió la orden de no innovar solicitada para suspender el Ordinario N° 245, emitido el 24 de marzo de 2026.
Dicho ordinario está vinculado con las decisiones administrativas del Minvu respecto de las obras y eventuales órdenes de demolición. Por ello, desde la secretaría de Estado insistieron en que no existe una resolución judicial vigente que impida continuar con el proceso.
170 INMUEBLES BAJO REVISIÓN
La decisión del Gobierno afecta a un total de 170 inmuebles construidos por la empresa privada. Entre ellos se cuentan 56 cuatripareos con mayor avance, 84 cuatripareos con un 44% de edificación y 30 pareos simples con un avance de entre el 22% y el 27%.
El Minvu inició el proceso de demolición tras argumentar la existencia de fallas en la construcción de las viviendas levantadas para familias afectadas por los incendios que golpearon a El Olivar en 2024.
INFORMES TÉCNICOS Y ACCIONES PENALES
El ministerio sostuvo que los informes de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Minvu y del IDIEM de la Universidad de Chile confirman la gravedad de las fallas estructurales detectadas en las viviendas.
Además, la cartera recordó que en marzo interpuso acciones judiciales contra la constructora por presuntos delitos de estafa, uso malicioso de certificaciones, coacción, amenazas, fraude al fisco, cuasidelito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural, tráfico de influencias y obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
Desde el Minvu enfatizaron que el deber del Estado es resguardar la seguridad e integridad de las familias damnificadas. La constructora, en cambio, busca preservar los inmuebles como evidencia material antes de que avance su demolición.
Así, el caso pasó de ser una controversia por obras defectuosas a una disputa clave por la prueba técnica, la responsabilidad contractual y la seguridad de quienes esperaban habitar las viviendas reconstruidas tras la emergencia.
El revés judicial del Minvu respecto de las demoliciones en El Olivar vuelve a poner en evidencia que, cuando están en juego viviendas y familias, no se pueden adoptar decisiones irreversibles sin un respaldo técnico completo, trazable y ajustado a derecho. Más allá de la… https://t.co/Mlmsy7oV3x
— Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) June 19, 2026
