El Gobierno concretó este domingo el séptimo vuelo de expulsión desde el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast. El operativo trasladó a 40 ciudadanos extranjeros hacia Bolivia, Colombia y Ecuador, elevando a 1.174 el total de expulsiones materializadas durante 2026.
El contraste con la promesa
Según informó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en cuatro meses de gestión se han realizado siete vuelos de expulsión, cifra que, según sostuvo, equivale a un tercio de todos los operativos de este tipo efectuados durante los cuatro años del gobierno anterior. Del total de expulsiones acumuladas este año, 1.009 corresponden a procedimientos administrativos y 165 a órdenes judiciales, considerando las 40 personas trasladadas este domingo.
Las cifras reflejan un incremento en el ritmo de expulsiones respecto de los últimos años y forman parte del Plan de Control Migratorio impulsado por el Ejecutivo. Sin embargo, también permiten contrastarlas con uno de los compromisos más emblemáticos de la campaña presidencial.
El costo de la hipérbole
Durante la campaña, José Antonio Kast comprometió la expulsión de 300 mil inmigrantes irregulares. A la fecha, las 1.174 expulsiones materializadas representan menos del 0,4% de ese objetivo. En términos absolutos, restarían 298.826 expulsiones para alcanzar aquella meta.
Ese contraste no invalida el aumento operativo que exhibe el Gobierno, pero instala nuevamente el debate sobre la diferencia entre una promesa electoral formulada en campaña y las capacidades reales del Estado para ejecutarla. Ello, aunque el propio Kast reconoció que era una metáfora, que la gente se equivocó al creerlo, aclarando más tarde que se trataba de una hipérbole. Mentira, dijeron desde la oposición.
La controversia sobre la promesa de expulsar 300 mil inmigrantes irregulares terminó proyectándose sobre un activo mucho más valioso que la propia política migratoria: la credibilidad presidencial. Cuando una promesa emblemática pasa a ser reinterpretada como una hipérbole, el debate deja de centrarse únicamente en la migración y comienza a instalarse en la confianza que despierta la palabra del propio Mandatario. Ese desgaste encuentra hoy un correlato en las encuestas, que muestran un deterioro tanto en la aprobación del Gobierno como en atributos vinculados al liderazgo y la credibilidad presidencial.
Balance oficial
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, destacó además que los ingresos por pasos no habilitados muestran una disminución respecto de años anteriores y sostuvo que el 70% de las fiscalizaciones realizadas durante este año corresponde a personas detectadas dentro del territorio nacional y no a ingresos recientes por la frontera. También informó que se contabilizan 6.384 salidas voluntarias, de las cuales la gran mayoría corresponde a ciudadanos venezolanos.
El Ejecutivo valoró además la creación de una brigada especializada entre la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones para fortalecer la fiscalización y la ejecución de órdenes de expulsión, en el marco de la Ley 21.325.
Fracaso que muestran las encuestas
Más allá de la comparación con administraciones anteriores, el principal parámetro con el que inevitablemente será evaluada esta política seguirá siendo el que el propio Gobierno instaló durante la campaña presidencial. Y, a cuatro meses de iniciada la administración, el desafío continúa siendo enorme. Si bien las cifras muestran un avance operativo, también muestran la magnitud de una promesa cuya ejecución es imposible de cumplir.
