Una investigación por filtración de datos terminó con un funcionario del Poder Judicial en prisión preventiva, luego de que el Ministerio Público lo vinculara presuntamente con una organización dedicada al narcotráfico en San Bernardo.
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El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la medida cautelar contra Jaime Inostroza, ingeniero informático con 29 años de trayectoria en el Poder Judicial, quien fue detenido esta semana en su domicilio.
El tribunal estableció además un plazo de 200 días para desarrollar las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades del imputado.
La investigación detrás del caso
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la investigación, el Ministerio Público detectó que integrantes de una banda de narcotráfico manejaban información relacionada con diligencias judiciales que aún no se habían concretado.
Los investigadores advirtieron que los miembros de la organización aparentemente conocían con anticipación procedimientos como escuchas telefónicas, intervenciones de comunicaciones y allanamientos.
Esta situación llevó a los persecutores a indagar la existencia de una eventual filtración de datos desde el interior del Poder Judicial.
En el marco de las diligencias, una escucha telefónica habría entregado una pista clave. En ella, uno de los integrantes de la agrupación mencionó la existencia de un supuesto “topo” dentro del Poder Judicial que les proporcionaría información reservada.
A partir de estos antecedentes, el Ministerio Público habría logrado establecer la identidad del funcionario que presuntamente entregaba los antecedentes a la organización.
Los delitos que se investigan
La Fiscalía imputó a Inostroza los delitos de cohecho agravado reiterado, lavado de activos y una infracción contemplada en el artículo 38 de la Ley 20.000.
Esta última disposición sanciona la entrega o divulgación de información reservada relacionada con investigaciones por delitos vinculados al tráfico de drogas.
Según la tesis investigativa, el funcionario habría obtenido beneficios económicos a cambio de entregar antecedentes sobre procedimientos judiciales en desarrollo.
Por estos hechos, el tribunal consideró necesaria la prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Allanamiento y evidencia incautada
La detención del funcionario se concretó durante un procedimiento realizado en su domicilio. En el lugar, los investigadores incautaron dos teléfonos celulares y un computador.
Estos dispositivos serán analizados como parte de las diligencias destinadas a establecer el alcance de la eventual filtración de datos, así como los contactos que habría mantenido el imputado con integrantes de la organización investigada.
El Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes durante los próximos 200 días para determinar cómo se habría producido la entrega de información y si existieron otras personas involucradas.
La investigación busca establecer, además, si los antecedentes entregados permitieron a la banda anticiparse a operaciones policiales y judiciales contra sus integrantes.
