El cese de Luis Barría como relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua no puso fin al conflicto que durante años ha enfrentado al Poder Judicial con una magistrada que denunció haber sufrido abuso sexual. Aunque Barría dejó sus funciones el 10 de agosto, la jueza sostiene que todavía siguen pendientes las medidas destinadas a reparar y mitigar las consecuencias laborales del caso.
UNA CONDENA PENAL PROVOCÓ SU SALIDA
La salida del magistrado se produjo automáticamente por disposición legal, luego de que la Corte Suprema dejara firme, en mayo pasado, su condena penal por abuso sexual contra una funcionaria administrativa de la jurisdicción de Rancagua. Su desvinculación no respondió al proceso iniciado por la jueza, quien había denunciado hechos distintos.
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La magistrada expuso que, después de confrontar a Barría por el acoso, comenzó a enfrentar un ambiente laboral hostil. En 2022, la Superintendencia de Seguridad Social calificó su afección de salud como una enfermedad de origen laboral y la Asociación Chilena de Seguridad ordenó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) adoptar medidas de protección.
Entre las acciones exigidas figuraban separar física y funcionalmente a las personas involucradas, establecer un protocolo efectivo de reintegro laboral y actualizar los mecanismos para denunciar acoso. De acuerdo con la denunciante, la institución solo concretó la separación del agresor y dejó pendientes las demás obligaciones.
JUSTICIA RECONOCIÓ VULNERACIÓN DE DERECHOS
Ante esos incumplimientos, la jueza presentó una demanda de tutela laboral. En marzo de 2025, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago reconoció a la CAPJ como su empleadora, acreditó el acoso sexual y determinó que la corporación vulneró sus derechos fundamentales. La sentencia quedó firme en mayo de 2026, según desarrolló La Tercera.
El fallo también ordenó la intervención de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema y la aceleración de procedimientos administrativos que permanecían sin resolver.
Francisca Millán, abogada de AML Defensa de Mujeres, afirmó que su representada ganó el proceso en todas las instancias, pero continúa esperando que el propio Poder Judicial cumpla lo resuelto por sus tribunales.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN SIGUEN PENDIENTES
La Asociación de Magistradas Chilenas también respaldó a la denunciante y advirtió que establecer mecanismos de protección resulta insuficiente si las instituciones no los aplican efectivamente.
Barría permaneció en el Poder Judicial pese a la denuncia inicial. Tras un sumario, fue trasladado desde sus funciones como juez de garantía para desempeñarse como relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Solo abandonó la institución después de quedar firme la condena penal relacionada con otra víctima.
Así, mientras Barría ya quedó fuera de la magistratura, el caso mantiene abierto un cuestionamiento institucional: la capacidad del Poder Judicial para ejecutar sus propias resoluciones y proteger oportunamente a quienes denuncian acoso dentro de sus dependencias.
