Nacional y economía

Licencias: Fiscalía acusa mala práctica de defensas tras «Supremazo»

Mario López M. y Mario Antonio Guzmán

licencias colmed
Foto: Agencia UNO
A puertas del veredicto por el megafraude de $31 mil millones a Fonasa, el Ministerio Público denunció un «aprovechamiento» de los abogados que buscan anular el juicio, usando como excusa la remoción de jueces dictada por la Suprema. La magistrada afectada se inhabilitó voluntariamente pese a estar libre de cargos.

El histórico mega fraude que afectó a Fonasa por el caso licencias médicas, ha generado un duro conflicto judicial, luego de la denuncia de la Fiscalía Oriente que acusa mala práctica de defensas tras «Supremazo», que arrastró a la jueza del juicio.

A puertas de conocerse el veredicto, el Ministerio Público denunció un «aprovechamiento» procesal para botar un juicio de 11 meses y una investigación de más de 3 años.

«No existe causal legal de inhabilidad, ni tampoco de nulidad», enfatizaron de forma tajante desde la Fiscalía Oriente.

Por su parte, la jueza redactora del 7° TOP se inhabilitó voluntariamente para proteger la confianza ciudadana, a pesar de recalcar que ya fue completamente sobreseída por los tribunales superiores y que no cometió ninguna falta o delito. Ello, luego que se supiera que la Corte Suprema abrió a su respecto cuaderno de remoción, por haber salido del país, estando afect a licencia médica.

Molestia en el Ministerio Público

Una durísima contraofensiva legal desplegó la Fiscalía de Chile tras la sorpresiva solicitud de nulidad absoluta presentada por las defensas de los acusados por el mega fraude a Fonasa. Se trata de uno de los más  grandes juicios en la historia penal del país. Ello, porque se calcula un perjuicio fiscal que supera los $31.571 millones.
El ente persecutor arremetió contra la estrategia de los abogados de los acusados, calificándola formalmente como un acto de oportunismo judicial a horas de que el tribunal dicte su veredicto. La controversia estalló luego de que las defensas intentaran impugnar el proceso penal. Lo hicieron aferrándose al reciente «Supremazo» —la apertura de expedientes administrativos por parte de la Corte Suprema contra 56 jueces por el uso de licencias médicas—.
Al verse salpicada por esta revisión general, la jueza redactora del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago decidió dar un paso al costado. El intento de anular el juicio, la Fiscalía acusó que «Esto solo demuestra una mala práctica de alargar los procesos».

«Tinterillada»

La respuesta de la Fiscalía Oriente ante la jugada de las defensas fue inmediata y sin matices. Desde la institución defendieron la pulcritud con la que se ha llevado adelante una indagatoria titánica, que se ha extendido por 3 años y 6 meses, sumando 6 megaexpedientes y más de 25 mil fojas de pruebas, peritajes y testimonios.
Mediante una declaración oficial, el Ministerio Público fue categórico al señalar que los imputados no han sufrido vulneración alguna. «Como Fiscalía Oriente, destacamos que el proceso y debate jurídico se ha realizado en tiempos oportunos, donde se ha respetado el debido proceso en todo el ciclo investigativo».
Asimismo, descartaron de plano los argumentos de las defensas para invalidar lo litigado durante casi un año de audiencias penales. «No existe causal legal de inhabilidad, ni tampoco de nulidad, ya que las defensas no tienen agravio alguno. Esto solo demuestra una mala práctica de alargar los procesos», fustigó con dureza la Fiscalía.

«Evitar una condena inminente»

Para el órgano persecutor, la maniobra busca evadir una inminente condena contra los 17 acusados que quedan en el juicio oral (liderados por el ciudadano colombiano Samir Rivaldo y su pareja Yesica Donado). Cabe recordar que la red criminal —dedicada a la creación de centros médicos de fachada y a la venta ilícita de más de 80 mil licencias falsas— ya cuenta con 12 médicos extranjeros condenados en procedimientos abreviados, de los cuales tres ya fueron expulsados del país tras acreditarse que llegaron a Chile «exclusivamente para delinquir».

El líder Samir Rivaldo ciudadano colombiano junto a su pareja, la también doctora Yesica Donado, llegaron a nuestro país y levantaron una red junto a otros colegas, en su mayoría colombianos, para emitir licencias fraudulentas y cobrar por ellas creando, además, para ellos centros médicos de fachadas.

Según la investigación de la Fiscalía, el valor de la venta de licencias médicas falsas variaba según los días de reposo otorgados: 11, 15, 21 o 30 días y no contaban con atención real médica especializada.

Inhabilitación por ética, sin culpas ni delitos

Por su parte, la resolución de Inhabilitación de jueza dictada por la magistrada este jueves dejó en evidencia un profundo dilema constitucional. En su escrito, la jueza defendió de forma intransigente su probidad personal y profesional, aclarando de entrada que no ha cometido ninguna falta administrativa, infracción ni delito alguno.
La jueza subrayó que la investigación sumaria previa en su contra concluyó mediante resolución que dispuso su sobreseimiento definitivo. Esto es , sin formulación de cargos ni establecimiento de responsabilidad administrativa alguna. La sentencia, asegura, se «encuentra firme y ejecutoriada».
Además, fue enfática en establecer que en dicho proceso disciplinario «no ha sido objeto de cuestionamiento, observación o reproche alguno el origen lícito de la licencia médica otorgada a esta magistrada».

Blindar el proceso

A pesar de tener la certeza jurídica de que «no concurre en la especie ninguna de las causales objetivas de implicancia o recusación» contempladas en la ley, y de mantener intacta su «independencia de criterio, objetividad e imparcialidad», la jueza prefirió marginarse del cierre del juicio.
La magistrada fundamentó su renuncia bajo la premisa de que un caso de tan alta connotación pública debe quedar blindado ante cualquier sospecha externa. Explicó que la apertura del cuaderno de remoción de la Suprema —basado en hechos totalmente ajenos al fraude de Fonasa— podría ser utilizado para desviar la atención ciudadana de las pruebas reales del caso, afectando la «razonable confianza que las partes y la comunidad puedan depositar en la integridad e independencia de las decisiones jurisdiccionales».

Viernes clave: el Veredicto 

El coletazo creado por el «Supremazo» que roza a la magistrada, generó una encrucijada institucional que se resolvió este viernes 19 de junio, a las 09:30 horas, en la sala C-503 del 7° TOP.
El 7top resolvió al respecto: 1. Rechaza en todas sus partes la nulidad de todo lo obrado, en JUICIO ORAL DE MEGAFRAUDE A FONASA, solicitado por las defensas públicas y privadas. Ello, pues la solicitud de las defensas no cumple ninguna causal de nulidad y no satisface ningún presupuesto material requerido.2. Se reitera que el 7top acepta la inhabilidad voluntaria de la jueza Alejandra García, y,

3. Se continúa con la tramitación del juicio con los dos magistrados presentes.

 

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