Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En este contexto, la Red de Acción Carcelaria presentó un informe que analiza la situación de las mujeres privadas de libertad en Chile, destacando el incremento de su población en los últimos años. Según sus hallazgos, persiste una falta de enfoque de género en las políticas y condiciones carcelarias que afectan a este grupo.
El informe, basado en datos de Gendarmería de Chile, señala que en 2024 la población penal femenina alcanzó aproximadamente 5.048 mujeres, lo que representa un aumento del 37,4 % en los últimos dos años.
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Sin embargo, la capacidad de la infraestructura penitenciaria y los programas de reinserción no ha crecido al mismo ritmo.
RED DE ACCIÓN CARCELARIA
Antonella Oberti, directora de incidencia de la Red de Acción Carcelaria, advirtió: «El sistema completo está cojo porque no considera la realidad de las mujeres, sus trayectorias de vida, su rol de cuidadoras, las experiencias de victimización ni los problemas de salud mental».
Además, subrayó que este escenario no solo representa un desafío en términos de derechos humanos, sino que también impacta la seguridad pública. «Si el sistema penitenciario no habilita a las mujeres para reinsertarse como ciudadanas al salir, ¿qué harán? ¿Qué alternativas tienen cuando vuelvan al cuidado de sus hijos e hijas?», cuestionó.
MUJERES EN PRISIÓN
A través de solicitudes de acceso a la información, la Red de Acción Carcelaria obtuvo cifras que revelan que el 85,4 % de las mujeres privadas de libertad en Chile son madres. Según Gendarmería, existen 31 unidades materno-infantiles en el país. En 2023, se registraron 70 mujeres embarazadas y 136 con hijos lactantes en prisión.
La legislación chilena permite que las madres con hijos menores de dos años vivan con ellos en espacios separados de la población general. No obstante, el informe evidencia que las condiciones penitenciarias no garantizan adecuadamente su bienestar. Además, el acceso a atención médica es limitado.
«Se han registrado casos en los que mujeres han dado a luz en las mismas celdas sin asistencia. Por ejemplo, en febrero de 2024, el Comité para la Prevención de la Tortura advirtió que en el CPF San Miguel la enfermería no tenía resolución sanitaria, pese a funcionar como tal, entregar medicamentos y contar con una dotación de personal de salud insuficiente», consignó el informe.
MUJERES MIGRANTES
Otro grupo relevante dentro de la población penal femenina es el de las mujeres migrantes, que representan el 24 %. De ellas, la mayoría proviene de Bolivia (46 %), seguidas por mujeres de Venezuela y Colombia.
«La situación de las mujeres migrantes es particularmente crítica, ya que muchas enfrentan barreras idiomáticas y la ausencia de redes de apoyo. Esto último es relevante, ya que, mediante los vínculos familiares o sociales, las personas presas se abastecen de insumos básicos como artículos de aseo, medicamentos y abrigo», señala el documento.
PRISIÓN PREVENTIVA
Datos del Ministerio de Justicia indican que en 2023 el 47,4 % de las mujeres privadas de libertad cumplía condena por infracción a la Ley de Drogas (Ley 20.000).
En su mayoría, fueron sentenciadas por delitos no violentos. El 40,9 % estaba en prisión por delitos contra la propiedad, desglosados en robo (28,3 %), robos no violentos (8,4 %) y hurtos (9,2 %).
En cuanto a la duración de las condenas, el 35 % cumple penas de entre 5 y 10 años, el 20 % de entre 3 y 5 años, y el 17 % entre 10 y 15 años, según datos de Gendarmería de 2022.
INFORME
El informe también evidenció un alto uso de la prisión preventiva. En 2023, el 49 % de las mujeres privadas de libertad eran imputadas a la espera de juicio, mientras que el 51 % cumplía condena.
«Esto contrasta con la situación de los hombres privados de libertad, donde solo el 36 % está imputado y el 64 % cumple condena», advirtió la organización, destacando la necesidad de revisar esta disparidad y promover alternativas.
«Considerando que la prisión preventiva debería usarse como último recurso, que las mujeres cometen delitos menos violentos que los hombres y que, mayoritariamente, son madres y jefas de hogar, su encierro genera graves consecuencias familiares y sociales», concluyó.
ACCIÓN CARCELARIA
La Red de Acción Carcelaria es una fundación que trabaja en la visibilización de las consecuencias del encarcelamiento de mujeres y en la promoción de un sistema penitenciario enfocado en la reinserción social y el respeto por los derechos humanos.
Sus principales líneas de acción incluyen:
- Donación de artículos de higiene y otros insumos básicos.
- Intervenciones en cárceles.
- Investigación y difusión de datos sobre la población penal femenina.
- Incidencia en políticas públicas a través del diálogo con actores estatales y privados.
