Nacional y economía

Prisión preventiva pora secuestradores peruana

Cristian Navarro H.

Periodista

Prisión preventiva
Foto: Generado con I.A.
El 6º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para un menor de 17 años por el secuestro de una ciudadana peruana en Estación Central.

El 6º Juzgado de Garantía de Santiago envió a prisión preventiva a tres adultos y ordenó la internación provisoria de un adolescente de 17 años, acusados de secuestrar a una ciudadana peruana en Estación Central. La Fiscalía ECOH Metropolitana obtuvo las medidas cautelares y el tribunal fijó un plazo de 90 días para investigar el caso.

La víctima, una comerciante dedicada a la venta de ropa, llegó junto a su pareja a su domicilio durante la tarde del miércoles cuando un vehículo la interceptó en las cercanías de avenida 5 de Abril con Jotabeche. Desde el automóvil descendieron varios sujetos armados, quienes la intimidaron y la obligaron a subir por la fuerza.

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La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI activó diligencias inmediatas y trabajó coordinadamente con la Fiscalía ECOH. Gracias al levantamiento de cámaras de seguridad, análisis telefónico y seguimiento de movimientos, los equipos investigadores ubicaron a la mujer en una vivienda de Cerro Navia.

La PDI ejecutó el operativo de rescate, liberó a la víctima y detuvo a los presuntos responsables. Personal policial encontró a la afectada con vida y en condiciones generales estables, aunque impactada por la experiencia sufrida durante el cautiverio.

Durante la formalización, el fiscal Leonardo Tapia presentó cargos por secuestro extorsivo con lesiones, además de infracción a la Ley de Armas. El Ministerio Público expuso como antecedentes registros audiovisuales, posicionamiento de teléfonos móviles e interceptaciones telefónicas que vincularían directamente a los imputados con el delito.

La investigación también estableció que los secuestradores exigieron más de $100 millones a la familia de la víctima a cambio de su liberación. Sin embargo, la rápida intervención de la Fiscalía y la PDI frustró el pago y permitió concretar el rescate.

El caso volvió a encender las alertas por el aumento de secuestros extorsivos en la Región Metropolitana, fenómeno que mantiene bajo presión a las autoridades policiales y judiciales.

 

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