El exministro Luis Cordero realizó un crítico análisis de la agenda de seguridad del Gobierno del presidente José Antonio Kast, asegurando que varias de las medidas anunciadas privilegian un discurso político por sobre la implementación de leyes ya aprobadas. Además, el exministro abordó el Caso Bernarda Vera, la situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el debate por los indultos a uniformados.
En entrevista con CNN Prime, el exsecretario de Estado sostuvo que la estrategia presentada por el Ejecutivo mantiene elementos de continuidad con la administración anterior, aunque expresó inquietud por el énfasis puesto en nuevas iniciativas legislativas.
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A su juicio, el principal desafío del Gobierno no es aprobar más leyes, sino ejecutar de manera eficiente las reformas ya despachadas por el Congreso, entre ellas la nueva Ley de Inteligencia y la Ley Antiterrorista.
Asimismo, afirmó que el combate al crimen organizado requiere fortalecer las herramientas de control financiero. En ese sentido, defendió el levantamiento del secreto bancario como un instrumento clave para enfrentar organizaciones criminales, asegurando que se trata de una práctica respaldada por la evidencia internacional.
Advierte riesgos en nuevas fórmulas de seguridad
El exministro Luis Cordero también se mostró escéptico frente a la idea de crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional o ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
Según explicó, Chile no cuenta con experiencias previas de ese tipo y advirtió que las Fuerzas Armadas y las policías poseen funciones y procesos de formación completamente distintos.
«En seguridad no se pueden hacer experimentos», enfatizó, señalando que cualquier modificación de ese tipo requiere una planificación técnica sólida y mecanismos de gestión adecuados para evitar consecuencias negativas.
Cuestiona cambios constitucionales
Durante la entrevista, el abogado también abordó la intención del Ejecutivo de impulsar reformas constitucionales en materia de seguridad.
En ese contexto, sostuvo que la actual Constitución ya contempla el deber del Estado de resguardar la seguridad de las personas y recordó que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha reconocido ese principio en distintos fallos.
Por ello, estimó que incorporar nuevas disposiciones podría responder más a un objetivo declarativo que a una necesidad jurídica real, advirtiendo además sobre el riesgo de utilizar la Constitución para resolver problemas propios de la gestión pública.
Caso Bernarda Vera y críticas al ministro de Justicia
Otro de los temas analizados por el exministro Cordero fue el Caso Bernarda Vera, luego de que un examen de ADN confirmara que la mujer, considerada durante décadas como detenida desaparecida, permanece con vida.
En ese escenario, cuestionó las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien afirmó que existieron demoras en la entrega de antecedentes al ministro en visita que investigó el caso.
Cordero aseguró que esa afirmación no se ajusta a los antecedentes disponibles y sostuvo que existe documentación que acredita las gestiones realizadas por el Estado, incluyendo comunicaciones reservadas con autoridades extranjeras y organismos nacionales.
Además, manifestó su preocupación por la falta de empatía hacia la hija de Bernarda Vera, señalando que ella desconocía completamente la situación de su madre y que ha debido enfrentar una compleja carga emocional durante décadas.
Defensa del INDH y llamado a priorizar el sistema penitenciario
En la parte final de la entrevista, el exministro rechazó las propuestas que buscan cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, argumentando que este tipo de organismos resulta esencial para el funcionamiento democrático del país.
También se refirió al debate sobre eventuales indultos generales para uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, señalando que la prioridad debería centrarse en resolver la crisis del sistema penitenciario y enfrentar la sobrepoblación carcelaria.
Finalmente, expresó su respaldo a las autoridades encargadas del área de seguridad y justicia, afirmando que los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario exigen una gestión permanente y soluciones estructurales más que nuevas controversias políticas.
