La seguridad de los alcaldes volvió al debate luego de que Cristopher White conociera un supuesto plan para asesinarlo durante el desfile de Fiestas Patrias.
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Según los antecedentes expuestos, el ataque habría estado previsto para el 17 de septiembre.
El plan habría sido ideado por Juan Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan”, quien operaba en la comuna y fue recapturado el 31 de agosto.
Ante esto, la Comisión de Seguridad Pública del Senado trasladó su sesión a San Bernardo para analizar la seguridad de las autoridades locales.
Participaron la presidenta del Senado, Paulina Núñez; las senadoras Loreto Carvajal y Paulina Vodanovic; y los senadores Karim Bianchi, Juan Luis Castro, Cristián Vial y Manuel José Ossandón.
También asistieron el alcalde White y representantes de las policías y del Ministerio Público.
Durante la jornada, White advirtió que el problema trasciende las amenazas individuales contra los alcaldes y refleja el avance del crimen organizado.
El jefe comunal sostuvo que algunos grupos comienzan a imponer sus propias reglas dentro de determinados barrios.
A su juicio, esta situación representa una amenaza para el funcionamiento democrático y la autoridad del Estado.
White también alertó sobre la violencia que afecta a niños y adolescentes en Maipú, La Pintana, Lampa, Peñaflor, Lo Espejo, Puente Alto y San Bernardo.
En ese contexto, pidió acelerar la publicación del reglamento de la ley de seguridad municipal.
También solicitó avanzar en los proyectos sobre infraestructura crítica y Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).
La discusión abordó además las dificultades para dimensionar el impacto real de la delincuencia.
Las autoridades señalaron que muchas víctimas evitan denunciar por temor a represalias, por lo que las cifras oficiales podrían ser incompletas.
Los asistentes coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda transversal de seguridad.
También plantearon fortalecer la protección de dirigentes vecinales y representantes del fútbol amateur.
Otro punto fue revisar los recursos destinados a seguridad durante la discusión presupuestaria, considerando las nuevas necesidades de los municipios.
Alcaldes bajo protección por amenazas
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que el Ministerio Público investiga las denuncias por amenazas contra alcaldes, autoridades y otras personas.
Según detalló, la Fiscalía instruye a las policías sobre las medidas destinadas a proteger a víctimas y testigos.
El Ministerio de Seguridad Pública determina el tipo de custodia mediante una evaluación técnica que establece el nivel de riesgo.
Arrau señaló que actualmente existe un número importante de personas bajo medidas de resguardo, especialmente en la macrozona sur.
Entre ellas se encuentran víctimas y autoridades, según explicó el ministro.
El caso de White volvió a poner en discusión la seguridad de los alcaldes y la necesidad de fortalecer su protección frente al crimen organizado.
