Nacional y economía

Proponen cobrar por rescates ante negligencia grave

Cristian Navarro H.

Periodista

rescate
Imagen referencial creada con herramientas digitales
La iniciativa de la diputada Macarena Santelices mantendría la atención de emergencia sin condiciones de pago y permitiría recuperar parte del gasto público si un tribunal acredita dolo o culpa grave.

Quienes provoquen un operativo extraordinario de búsqueda o rescate por una conducta deliberada o gravemente negligente podrían tener que devolver parte del dinero que el Estado gastó en la emergencia. Así lo plantea un proyecto de ley que la diputada Macarena Santelices ingresó a tramitación este martes.

La moción propone modificar la Ley de Turismo para establecer un mecanismo de cobro por operativos de búsqueda, rescate o salvamento en entornos naturales. La medida abarcaría emergencias durante actividades turísticas, deportivas o recreativas.

QUÉ CONDUCTAS PODRÍAN DAR LUGAR A UN COBRO

El proyecto contempla casos como entrar deliberadamente a una zona cerrada por seguridad, desobedecer a sabiendas una orden de evacuación o ignorar advertencias oficiales sobre peligros graves y previsibles. También incluye el incumplimiento deliberado de instrucciones obligatorias de seguridad y la entrega intencional de información falsa que provoque un despliegue extraordinario e innecesario.

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Para exigir la restitución, el organismo público que asumió el gasto tendría que demostrar ante un tribunal que la persona actuó con dolo o culpa grave, que su conducta provocó directamente el operativo y que este generó un perjuicio económico efectivo. El cobro solo procedería mediante una sentencia firme.

Un accidente, un extravío o la práctica de una actividad de riesgo, por sí solos, no permitirían presumir culpa grave. Los equipos de emergencia tendrían que iniciar y continuar el rescate sin exigir pagos anticipados, garantías ni compromisos de restitución.

EL COBRO TENDRÍA UN DOBLE TOPE

La persona declarada responsable podría pagar hasta el 30% de los gastos públicos extraordinarios, directos, necesarios y acreditados, con un máximo de 100 unidades tributarias mensuales (UTM). Se aplicaría el menor de ambos límites.

Al fijar el monto, el tribunal consideraría la gravedad de la conducta, cuánto influyó en el gasto, las medidas de prevención que adoptó la persona y su situación socioeconómica. En circunstancias excepcionales, podría rebajar la suma, autorizar el pago en cuotas o eximir a la persona de la restitución.

 

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