El Ministerio Público está investigando al Ministerio de Energía por un eventual tráfico de influencias en la tramitación del proyecto que creó el fondo para estabilizar las tarifas de las cuentas de luz en 2022.
Según el Centro de Investigación Periodística (Ciper), todo parte desde una denuncia anónima sobre comunicaciones irregulares entre funcionarios del ahora exministro de la cartera Claudio Huepe y representantes de empresas generadoras de electricidad.
La indagatoria quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte y en ella han declarado el exministro -en calidad de testigo- y todos los funcionarios que lo acompañaron durante su gestión.
La Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) ofició a la secretaría de Estado el 29 de septiembre de 2022 para solicitar registro de las todas reuniones de lobby -entre la fecha de nombramiento del ahora exministro y el 2 de agosto del año pasado- en que él estuvo presente y también de las de Gabriela Manríquez, su abogada de confianza para la coordinación legislativa del proyecto, más los correos electrónicos “enviados y recibidos” por la profesional entre marzo y agosto de 2022.
Según Ciper, la exasesora tuvo un paso anterior por el ministerio entre agosto de 2018 y enero de 2020, donde coincidió con María José Ariztía, quien aparece en el registro haciendo lobby durante la tramitación de la ley en representación de la empresa Engie.
Este miércoles, la secretaría de Estado confirmó la investigación por medio de un comunicado. Además, indicó que el 30 de septiembre de 2022 fue instruido un sumario administrativo a Manríquez “para esclarecer la eventual existencia de responsabilidad administrativa en lo referente a la obligación de desempeñar la función público con estricto apego al principio de probidad”.
En noviembre de 2022, la exasesora fue sobreseída del sumario y el día 23 de ese mes presentó su renuncia, que se hizo efectiva el 01 de enero de 2023.
“En los meses de febrero y abril de 2022, la Policía de Investigaciones requirió nuevos antecedentes al Ministerio de Energía, los que fueron oportunamente entregados en su totalidad”, añadieron desde la entidad.
LAS REUNIONES
La mayoría de las reuniones de lobby que indaga el Ministerio Público fueron las que Manríquez tuvo con Generadoras de Chile. La agrupación dijo a Ciper que “Generadoras participó formalmente en el debate de la ley a través de reuniones solicitadas por Ley del Lobby, así como en las sesiones del Congreso a las que se nos invitó. Otro tipo de comunicaciones vía mensajería, que no constituyen instancias formales de trabajo, fue únicamente para comentar correcciones puntuales de términos técnicos y financieros mal empleados o escritos erróneamente en el proyecto, lo que bajo ningún punto de vista alteró el sentido y alcance del proyecto que impulsó el ejecutivo”.
También aseguraron que ninguno de los ejecutivos ha sido citado a declarar por parte de la Fiscalía.
Entre los registros que tiene el Ministerio Público en su poder hay apuntes de la exasesora con aparentes cálculos de las empresas sobre los costos que implicaría el proyecto de ley en distintos escenarios, inconvenientes enumerados por Engie sobre el proyecto que presentó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en 2019 durante el estallido social, conversaciones con Enel y un apartado titulado “Redacción PEC”, lo que tendría relación con el Precio Estabilizado a Cliente Regulado.
