La Policía de Investigaciones (PDI) desbarató un nuevo fraude de licencias médicas falsas, esta vez protagonizado por un clan familiar de apellido Quilodrán.
Según la indagatoria, el grupo -todos profesionales y sin antecedentes penales-, creó tres sociedades de papel y contrató a 600 falsos trabajadores que recibían supuestos sueldos gerenciales.
La asociación compraba licencias a médicos y, con éstas, luego cobraban la subvención del Estado a través de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), dinero que finalmente era repartido entre los integrantes del clan.
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El fraude alcanzó a 4.200 millones de pesos.
La explicación del caso estuvo a cargo del fiscal Álvaro Pérez, de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
«Esto parte a propósito de los oportunos controles internos de una caja de compensación, que puso a disposición de la Fiscalía los antecedentes para iniciar esta investigación», inició.
«Había cuestiones comunes que se repetían. Por ejemplo, más del 80% de los trabajadores vinculados a ciertas empresas, tres empresas, estaban con licencias médicas. No existe la posibilidad de que una empresa con 80% de trabajadores con licencias médicas pueda desarrollar actividades económicas efectivas y ciertas. Por lo tanto, eso fue un indicio que nos permitió ir direccionando la investigación», detalló.
DETENIDOS Y FORMALIZADOS
El operativo de la PDI incluyó 36 allanamientos simultáneos que terminaron con igual número de detenidos, entre miembros del grupo familiar, presuntos trabajadores y seis facultativos.
Todos ellos fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y obtención de licencias médicas falsas. Diecinueve de ellos -incluidos cinco médicas extranjeros- quedaron en prisión preventiva y catorce con arraigo nacional y firma semanal. Se fijó un plazo de investigación de 120 días.
La policía civil definió este caso como la «segunda etapa» de la investigación iniciada el año pasado con el megafraude de 30 doctores, uno de los incluso había creado 10 centros médicos falsos para vender estos permisos fraudulentos.
El seremi metropolitano de Salud, Gonzalo Soto, destacó que el resultado de la investigación es el fruto del «esfuerzo que hace el Estado para poder financiar las licencias de las personas que efectivamente lo requieren. Es un esfuerzo que hacemos todo, sobre todo las personas que están en Fonasa».
La PDI incautó seis vehículos, cinco armas de fuego, más de 54 millones de pesos en efectivo, diversa evidencia y documentación relativa al caso que mantenía el líder, Juan Quilodrán, un contador y corredor de propiedades cuyo patrimonio fue calculado en 1.200 millones de pesos.
También decretó el congelamiento de diversos productos bancarios y las medidas precautorias respecto de ocho inmuebles.
