Los dichos del diputado republicano José Carlos Meza, golpean la línea de flotación de Kast, la seguridad. Y lo hace tropezar con sus propias palabras.
La campaña presidencial entró en su fase definitiva, donde cada palabra pesa y cada error cuesta. En ese escenario, el episodio protagonizado por el diputado republicano José Carlos Meza —quien defendió la posibilidad de conmutar penas a reos terminales, incluso si fueron condenados por violación de menores— se transformó en el flanco más incómodo que ha debido enfrentar José Antonio Kast en toda su campaña. Y no por lo que diga la izquierda, sino por algo mucho más grave: lo dijo uno de los suyos.
La frase de Meza no admite matices. Consultado directamente sobre si este beneficio debería aplicarse también a abusadores de niños, respondió que “no hay que hacer distinción”. Ese momento televisivo —nítido, simple, brutal— anuló cualquier explicación técnica sobre cuidados paliativos o indultos humanitarios. La discusión legítima quedó sepultada por una idea imposible de justificar políticamente: que un violador de menores podría terminar su condena en casa porque está enfermo.
¿Aquí comienza el cambio? Más bien ahí se abrió el flanco
Kast ha cimentado toda su campaña en la promesa de orden, firmeza y tolerancia cero. Se ha presentado como el candidato que hará lo que otros no hicieron. El que “le perderá el miedo” a los delincuentes y el que será implacable con quienes dañan a la sociedad. Por eso este episodio lo desnuda: porque golpea directamente el corazón de su relato.
La respuesta del candidato —acusando que quienes han protegido abusadores “están en el Gobierno”— no logra contener el problema. Es un gesto defensivo, no correctivo. Y el problema, insistamos, no vino del Gobierno: vino de su propio comando.
Lo que este flanco revela es algo más profundo: la tensión permanente entre el discurso de seguridad y la práctica política. No es la primera vez que Kast enfrenta cuestionamientos por beneficios carcelarios.
Su intento de indulto a criminales de Punta Peuco
Sus defensas a reos de Punta Peuco siempre han sido un talón de Aquiles, pero ahora el tema escala a un terreno muchísimo más sensible: los delitos sexuales contra niños, donde la sociedad chilena no tolera ambigüedades ni “flexibilidades humanitarias”.
Este episodio tiene además un costo estratégico: debilita a Kast entre votantes moderados, entre mujeres y madres —segmentos decisivos en segunda vuelta— y entre creyentes para quienes la protección de los menores es una línea roja moral.
En política, la coherencia no solo suma: es una obligación. Y cuando el discurso de orden tropieza con contradicciones internas, el golpe es más letal que cualquier ataque externo.
Si Kast quiere cerrar el flanco, tendrá que hacer algo que aún no ha hecho: fijar una línea roja clara, pública e inequívoca sobre beneficios a agresores sexuales, y demostrar que en su sector los límites existen y se respetan. De lo contrario, este episodio quedará instalado como la gran inconsistencia de su campaña de seguridad. Una que se repetirá sin cansancio y que los votantes indecisos no olvidarán con facilidad.
