Argumentando una grave infracción al principio de probidad administrativa, los diputados republicanos José Carlos Meza y Agustín Romero, junto con el abogado jefe de la bancada, Emiliano García, presentaron ante la Contraloría Una denuncia en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por utilizar bienes y recursos municipales para trasladar el miércoles pasado a personas a manifestaciones en el centro de Santiago.
Según la denuncia, en el bus municipal fueron trasladadas una serie de personas, entre ellos, adultos mayores, hasta calle Compañía 1140, justo al frente de los Tribunales de Justicia -Corte Suprema y Corte de Apelaciones de Santiago- y frente a uno de los accesos del edificio del ex Congreso Nacional en Santiago, actual sede del Consejo Constitucional.
Ahí se realizaba una protesta liderada por la Confederación de Fenats Nacional, la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), la organización sindical UTD (Unidad por Trabajo Digno), entre otras organizaciones, quienes «manifestaban su denuncia en contra de los ‘grupos minoritarios de la ultra derecha’, para que no le arrebaten el derecho a huelga y la libertad sindical», que es un tema en que el Partido Republicano presentó indicaciones. Otros participaron «en la marcha efectuada en la calle Bandera, sobre reforma de pensiones», de la cual también habría sido parte la diputada Karol Cariola (PC), reclaman.
«Es toda una orquestación del Partido Comunista, quienes a través de recursos municipales como es un bus, que a muchos vecinos se les niega constantemente para sus actividades, para las organizaciones sociales de la comuna cuando lo piden, no hay ningún problema en que sean utilizados para una manifestación política», reclamó el diputado Meza.
El diputado Romero, en tanto, aseguró que «esas platas (gastadas en esto), esos recursos, son de los vecinos y lo más importante es que tiene que llegarle a las personas, a los vecinos y no para fines políticos (…) Utilizar recursos municipales para eso no es algo de las atribuciones que esté dentro de la ley para los alcaldes».
Los legisladores solicitan a la Contraloría acoger la denuncia e indagar y establecer eventuales responsabilidades y sanciones en contra de la Municipalidad de Recoleta y su alcalde.
