La Fiscalía de Antofagasta, a cargo de la investigación del caso Convenios, emitió un comunicado dando cuenta de los allanamientos realizados este martes en sedes de gobiernos regionales y fundaciones investigadas en el caso.
“Funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI desarrollaron esta jornada nuevas diligencias de entrada, registro e incautación en los gobiernos regionales de Antofagasta y Maule, como también en los domicilios de las fundaciones Urbanismo Social en la comuna de Talca y Procultura en Las Condes”, describe el escrito.
“Todas estas diligencias fueron solicitadas por el fiscal de la causa Cristian Aguilar Aranela, y autorizadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, con el objetivo de recabar información útil para el objetivo final de la investigación, que es determinar la existencia o no de eventuales delitos en la asignación o ejecución de proyectos sociales con fondos públicos”, agregó en el documento.
En la orden judicial se autorizó a la policía incautar “toda la documentación sea en papel, digital u en otro medio relacionada al convenio antes señalado, y computador o computadores, sea pc o notebook que contenga información vinculada a los hechos investigados”.
De este modo, detectives ejecutaron las órdenes de entrada y registro en el GORE de Antofagasta y en el domicilio de Procultura, en Las Condes (Región Metropolitana), entre los cuales se suscribió un acuerdo por 629 millones de pesos para un programa de recuperación de fachadas, pese a que el giro de actividades la organización distaba de esa labor.
También hubo allanamientos en la oficina de Urbanismo Social en Talca, que es indagada por acuerdos con la Seremi de Vivienda del Maule y por «eventuales irregularidades» en aportes recibidos -148 millones de pesos- por parte del Urbanismo Social.
En ese marco, el fiscal antofagastino Cristián Aguilar igualmente solicitó registrar las dependencias del Gobierno Regional del Maule, diligencia que fue realizada por la PDI.
El objetivo fue «recabar información útil para determinar la existencia o no de eventuales delitos en la asignación o ejecución de proyectos sociales con fondos públicos», explicó la Fiscalía en una comunicado.
La Fiscalía investiga traspasos de dinero en al menos nueve de las 16 regiones del país, incluidas las de Arica, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. En paralelo, la Contraloría General de la República ha recibido 172 denuncias por presuntas irregularidades en transferencias de recursos de Seremis o gobiernos regionales a fundaciones.
