Revolución Democrática no ha recibido «ni un peso» por el convenio suscrito entre el fundador y representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ambos exmilitantes de RD), según la abogada querellante del partido en el Caso Convenios, Libertad Triviño.
«Se revisó todas las cuentas de RD y mis representantes me han asegurado que no hay ningún peso, ni de esta ni de otra fundación, que haya llegado a Revolución Democrática», aseguró en entrevista con Estado Nacional, de TVN, y enfatizó que «lo que pasa con la Fundación Democracia Viva no se va a convertir en un caso de financiamiento irregular de la política de Revolución Democrática, eso está súper claro».
Al ser consultada por si existen antecedentes que pueden vincular la suscripción de este convenio a un posible mecanismo del partido para obtener fondos y/o votos ante eventuales candidaturas de militantes de RD, la abogada recalcó que «no es un mecanismo de Revolución Democrática para defraudar al Estado ni para ejercer injerencia política, respecto de demás personas (…) Puede ser un mecanismo de personas individuales y nosotros hemos tenido antecedentes de eso y los hemos aportado a la Fiscalía como responde».
Según Libertad Triviño hay «antecedentes de contactos entre el señor Andrade y otras regiones y de otros militantes de RD en el Maule», es decir, el fundador de Democracia Viva habría intentado replicar el mecanismo de convenio suscrito en Antofagasta en otra región. Sin embargo, aseguró, «no se concretó el contacto, porque la persona encargada de esa región no le dio importancia a los mensajes de Andrade» y, por ende, no hubo traspaso de fondos.
GIORGIO JACKSON Y CATALINA PÉREZ
Libertad Triviño aseguró que no existe «ningún antecedentes de que Giorgio Jackson esté vinculado con ninguno de estos caso», y que respecto de la diputada Catalina Pérez -aunque aclaró que le corresponde al «fiscal y los tribunales de justicia» determinar si efectivamente estuvo involucrada de alguna otra forma- «los antecedentes jurídicos indican que ella no está involucrada o no tuvo la injerencia suficiente respecto de estos convenios».
Eso, aunque la parlamentaria «no ha desmentido ni asegurado que sabía, y el senador Juan Ignacio Latorre ha sido muy enfático en decir que es poco probable que ella haya sabido».
«El 6 de junio, Catalina Pérez habla con el senador Juan Ignacio Latorre y le señala que existe un tema regional, un tema político y comunicacional, y que en la tarde va a haber una reunión de la directiva nacional. En esa reunión participan Carlos Contreras y Daniel Andrade, y se le manifiestan a la directiva nacional antecedentes que no eran constitutivos de delito sobre este convenio», explicó.
«Eran antecedentes que le parecieron mal a la directiva, porque eran antecedentes de que existía un convenio de trato directo entre personas que se conocían. Pero, en esa misma reunión se les pregunta si está todo en regla, lo que es respondido de forma afirmativa por Contreras y Andrade», agregó.
«Pese a eso, la directiva se planteó la hipótesis si que esa información podría ser falsa. Por eso desde el 6 al 12 de junio, la directiva nacional le pidió insistentemente información a Contreras y a Andrade», especificó.
BANDERAS ROJAS
Triviño puntualizó que la directiva de Revolución Democrática detectó señales de alarma.
«Conteras y Andrade tuvieron una reunión con la directiva nacional de Revolución Democrática el 6 de junio, dan cuenta de la existencia de los convenios y, en ese minuto, la situación no es lo que conocemos ahora, pero sí habían banderas rojas. Una de esas era el monto, los $400 millones; otra bandera roja era si Democracia Viva tenía alguna experiencia o no en construcción, y la tercera era que se trataba de un convenio de trato directo», acotó.
La abogada sostuvo que en aquella reunión «Contreras y Andrade aseguraron que la fundación tenía dos años de experiencia en terrenos y eso fue lo que también aplacó estas alertas».
