La Asociación de Defensores Penales Públicos de Chile (ADEF) manifestó su profunda preocupación ante la reciente citación como imputado del defensor público Víctor Providel Labarca, realizada por los mismos fiscales que investigan la causa del exministro del Interior Manuel Monsalves.
Según la ADEF, esta acción compromete la objetividad del Ministerio Público y vulnera principios esenciales del debido proceso, como la igualdad de armas y el derecho a defensa, pilares fundamentales del sistema judicial.
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UN ATAQUE AL DERECHO A LA DEFENSA
La organización denunció que se trata de un “ataque directo al derecho humano a la defensa” y acusó que los fiscales citaron a Providel por acciones propias de su rol profesional.Este precedente, advierten, podría poner en riesgo la labor de todos los defensores penales, cuyo deber incluye indagar antecedentes que puedan afectar la validez de la prueba.
CONFLICTO DE INTERÉS Y SOLICITUD DE INHABILIDAD
La defensa de Providel ya presentó una solicitud de inhabilitación contra el fiscal regional y el fiscal a cargo del caso, al estimar que se configura un conflicto de interés al citar a su contraparte como imputado. La ADEF recalcó que este escenario “es incompatible con la imparcialidad que debe regir todo proceso penal”.
SECRETO PROFESIONAL EN RIESGO
El gremio alertó que la confidencialidad entre abogado y defendido también se ve amenazada, pues la citación podría exponer información estratégica y sensible de la defensa, en abierta contradicción con el deber de secreto profesional.
DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DE ADEF
Eduardo Vargas Sotomayor, presidente de la ADEF, reforzó la postura del gremio. “La reciente situación como imputado del defensor penal público Víctor Providel por parte de los mismos fiscales que investigan el caso que afecta al exministro del Interior Manuel Monsalves es un ataque directo al derecho de defensa, derecho humano consagrado en tratados internacionales reconocidos por Chile y un grave precedente para todo el sistema judicial. Esta acción vulnera el principio de igualdad de armas, pone en jaque la confidencialidad entre un defensor y su representado y abre la puerta a que cualquier ciudadano pueda ver comprometida su defensa si su abogado es perseguido por la parte acusadora. Sin defensa no hay justicia”.
La ADEF concluyó reiterando que continuará observando el caso de cerca, ya que lo considera una señal alarmante para la protección de los derechos humanos y el respeto al Estado de derecho en Chile.
