«Ayer (martes) acordamos con el ministro de Justicia avanzar en el análisis para estudiar la reducción de la edad de responsabilidad penal», dijo el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau.
El diálogo ocurrió a propósito de la muerte de un niño de doce años en una encerrona en San Bernardo donde participaron adultos y también menores de edad.
Según el secretario de Estado, «también hay que hacer correcciones, como por ejemplo, cuando esas personas privadas de libertad cumplen los 18 años pasen a la población penal adulta».
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Actualmente, la Ley 20.084 establece que la imputabilidad penal comienza a los catorce años. Diversos proyectos de ley han propuesto rebajarla (incluso a los doce años) , bajo el argumento de la necesidad de sancionar delitos graves y la reincidencia juvenil.
DESPLIEGUE DE LAS FF.AA.
A propósito del mismo caso, el secretario de Estado se refirió también a la petición desde el mundo municipal para que el gobierno despliegue a las Fuerzas Armadas en las calles.
Así lo planteó ayer tras la muerte del niño el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien reprochó que «no entendemos por qué no ocurre. Y la única explicación es que pareciera decir que las FF.AA., al no querer, están por sobre la soberanía de la República. Porque esa es la única explicación, como que ellos no se quieren meter en un problema en el cual todos estamos inmersos».
Al respecto Arrau aludió a la responsabilidad y explicó que «hoy día las Fuerzas Armadas cooperan en labores de seguridad en la macro zona sur, en el norte en la frontera, también la policía marítima de la Armada colabora en funciones policiales».
«O sea, hoy día hay un rol activo de las Fuerzas Armadas en seguridad. ¿Falta avanzar? Sí, falta avanzar en tener buenas reglas de uso de la fuerza para que esas Fuerzas Armadas y también las Fuerzas de Orden y Seguridad tengan reglas más seguras y claras a la hora de actuar», recalcó.
El ministro detalló que «falta avanzar en que se apruebe el proyecto de ley que está en el Congreso que permite a esas Fuerzas Armadas, cuando están en estado de excepción, poder hacer al menos un control de identidad o hacer primeras pesquisas si es que hay un indicio».
