Raúl Soto acusa giro del Gobierno hacia los más ricos con últimas iniciativas legales. El presidente del PPD sostuvo que el Ejecutivo está privilegiando a “un pequeño grupo del país”. La crítica instala como eje opositor una discusión que atravesó la megarreforma: quién recibe sus principales beneficios y quién termina soportando el costo fiscal.
La afirmación no aparece aislada. Llega después de la aprobación de la denominada megarreforma económica, que incluye una reducción gradual del impuesto corporativo desde 27% hasta 23%, reintegración tributaria e invariabilidad para determinadas inversiones.
También coincide con la discusión abierta por los cambios en las contribuciones, donde la rebaja o eliminación del impuesto territorial para determinados propietarios obligó a buscar mecanismos destinados a compensar los menores ingresos que recibirán los municipios.
¿Quién recibe los beneficios?
Soto sostuvo que el Gobierno está tomando decisiones que benefician principalmente a los sectores de mayores ingresos y aseguró que esa percepción comienza a generar una reacción política y social. El argumento apunta directamente al corazón de la estrategia económica del Ejecutivo.
La administración de José Antonio Kast sostiene que reducir la carga tributaria sobre las empresas permitirá aumentar la inversión, recuperar el crecimiento y generar empleo. Bajo esa lógica, el menor ingreso fiscal inicial debería compensarse posteriormente mediante una economía más dinámica.
La oposición cuestiona esa premisa. Su crítica sostiene que los beneficios tributarios son inmediatos y perfectamente identificables, mientras los efectos prometidos sobre crecimiento, inversión y empleo permanecen sujetos a resultados futuros e inciertos.
La discusión, por tanto, ya no gira solamente alrededor de cuánto recauda o deja de recaudar el Estado. La pregunta comienza a ser otra. Quién recibe primero los beneficios y quién asume mientras tanto su costo.
Contribuciones abrieron otro flanco
La discusión sobre el impuesto territorial agregó una segunda dimensión al problema. La reducción de contribuciones beneficia directamente a quienes poseen los inmuebles comprendidos en la reforma, pero una parte importante de esos recursos financia el Fondo Común Municipal.
Eso obligó al Gobierno y al Congreso a establecer mecanismos de compensación para evitar que las comunas sufran una disminución de ingresos como consecuencia de una decisión tributaria adoptada a nivel nacional.
El debate dejó así de ser exclusivamente tributario. Los municipios deben seguir financiando servicios, infraestructura y prestaciones locales aunque cambie la forma en que el Estado recauda los recursos necesarios para sostenerlos.
Una percepción que ya aparecía
La ofensiva opositora encuentra además un antecedente en las encuestas. En abril, cuando la megarreforma todavía iniciaba su tramitación, Cadem informó que un 49% de los consultados consideraba que el denominado Plan de Reconstrucción Nacional beneficiaba principalmente a los sectores de mayores ingresos.
Un 44% estimaba, en cambio, que favorecía a todos por igual. La discusión que Soto intenta instalar ahora, por tanto, no comienza después de aprobada la reforma. Acompañó al proyecto prácticamente desde su presentación.
La oposición busca un relato común
Pero las declaraciones del presidente del PPD contienen también una segunda señal. Soto destacó la coordinación alcanzada entre las distintas fuerzas opositoras y planteó la necesidad de profundizarla. Ese elemento puede resultar políticamente más relevante que sus críticas económicas.
Durante los primeros meses del Gobierno, la oposición actuó dividida frente a varias iniciativas del Ejecutivo. La propia megarreforma consiguió avanzar gracias a negociaciones particulares y votos provenientes de sectores opositores.
El PPD fue protagonista de uno de esos episodios. Senadores de esa colectividad alcanzaron un acuerdo con Hacienda durante la tramitación, pero posteriormente retiraron su respaldo después de que el Ejecutivo modificara elementos de lo convenido. Ahora Soto intenta transformar esas diferencias en un argumento común.
De las cifras al relato político
La rebaja del impuesto corporativo, las modificaciones a las contribuciones y la discusión sobre el financiamiento municipal fueron hasta ahora debates que podían analizarse separadamente. La oposición comienza a reunirlos bajo una sola tesis: el Gobierno estaría distribuyendo los beneficios hacia arriba mientras socializa parte de sus costos fiscales.
El Ejecutivo sostiene exactamente lo contrario: que favorecer la inversión permitirá aumentar el crecimiento y que sus efectos terminarán beneficiando al conjunto de la economía. Ambas posiciones comenzarán ahora a enfrentarse con algo más que discursos.
La megarreforma ya fue aprobada y la rebaja tributaria comenzará gradualmente a aplicarse. Por eso los próximos indicadores de inversión, crecimiento, empleo y recaudación serán los que permitan determinar cuál de las dos tesis encuentra respaldo en los hechos.
La discusión política ya comenzó. Ahora faltan los resultados.
