El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó a avanzar prontamente en la publicación de la ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), luego de que el Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta y completara su despacho legislativo, tras tres años de tramitación.
La propuesta recibió 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Como la Cámara de Diputadas y Diputados había respaldado previamente el informe, el texto quedó en condiciones de ser promulgado.
En un punto de prensa posterior a la votación, Arrau sostuvo que la normativa entregará mayor claridad a Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas cuando deban intervenir en las circunstancias que regula el proyecto.
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El ministro situó la aprobación en una semana que calificó como compleja para Carabineros, tras la despedida de dos de sus mártires, y agradeció a los parlamentarios que apoyaron la iniciativa.
MAYOR CLARIDAD PARA LA ACTUACIÓN POLICIAL
Arrau destacó que el proyecto eleva a rango legal las reglas que regulan el empleo de la fuerza. Según explicó, su propósito es entregar certezas para que los funcionarios actúen con decisión en la protección de la población y la recuperación del orden público.
También señaló que las policías deberán realizar adecuaciones operativas para aplicar la normativa una vez que sea publicada.
La propuesta establece principios y deberes para la actuación de los funcionarios, entre ellos la planificación, identificación, advertencia, gradualidad, protección de la vida e integridad de terceros, prestación de auxilio, registro y reporte.
Las reglas contemplan distintos medios de intervención, desde la presencia disuasiva y la persuasión verbal hasta el control físico, los dispositivos menos letales y el uso de armamento letal en los supuestos establecidos por el texto.
DIFERENCIAS POR ARMAS LETALES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS
Pese al respaldo mayoritario, la discusión en el Senado expuso discrepancias sobre proporcionalidad, responsabilidad penal y límites al uso de armas letales.
Entre los puntos cuestionados estuvo la eliminación de disposiciones específicas sobre prohibición de la tortura y protección de niños, niñas y adolescentes. En este último caso, se argumentó que esa obligación ya está contemplada en otras normas.
Otros legisladores advirtieron que algunos supuestos para emplear armamento letal contienen definiciones amplias que deberán interpretar los tribunales. El senador Juan Luis Castro hizo reserva de constitucionalidad.
Consultado sobre esa posibilidad, Arrau defendió el trabajo legislativo y afirmó que el tratamiento de la norma entrega al Gobierno certeza sobre el respeto de los derechos. Asimismo, expresó su expectativa de que los trámites pendientes sean breves para que las policías cuenten pronto con el respaldo legal.
Respecto de las diferencias manifestadas por Castro, el ministro sostuvo que no fueron una sorpresa y reconoció el derecho del senador a desmarcarse del acuerdo.
