La exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval concurrió hasta el Ministerio Público para declarar en calidad de imputada en la investigación por la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende al Estado para transformarla en un museo.
Ahí reafirmó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y su disposición a colaborar activamente con la justicia y a contribuir a la transparencia institucional.
De acuerdo con Francisca Millán, representante de Sandoval y socia abogada de AML Defensa de Mujeres, «llevaremos a cabo su defensa con la convicción de que los estándares de transparencia y rendición de cuentas que le corresponden a las autoridades son fundamentales para profundizar la democracia y consolidar el Estado de derecho, lo que se debe llevar responsablemente ante las instituciones que correspondan».
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La legista aseveró a través de un comunicado que asumir un cargo de autoridad pública implica enfrentar el escrutinio ciudadano con responsabilidad.
Añadió que es un deber que se cumple actuando con lealtad al }gobierno y de cara a la ciudadanía en las instancias correspondientes.
A su juicio, este proceso representa una oportunidad para fortalecer la confianza en las instituciones y aportar a la claridad necesaria en el ámbito público.
ÚNICA DESTITUÍDA
La investigación de la fallida compra de la casa de Salvador Allende la lleva adelante el fiscal Patricio Cooper, de la Fiscalía Regional de Coquimbo.
Nace debido a que hace algunas semanas se conoció que el Gobierno de Chile intentó comprar la casa de Salvador Allende por más de $933 millones, todo esto con el objetivo de transformarla en un museo.
La operación, que representaba un desembolso de $933 millones estuvo impulsada por la entonces ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval.
A poco de conocerse esa información fue destituida de su cargo por el Presidente Gabriel Boric, porque luego se reveló que dos de los cuatros copropietarios del inmueble son la senadora socialista Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández.
Ambas concurrieron a la fiscalía a declarar -guardaron silencio- y Sandoval no es la única imputada: las tres lo son.
Por mandato de la Constitución, ministros y parlamentarios (entre otros funcionarios públicos) tienen prohibido celebrar contratos con el Estado mientras ocupen esos cargos.
