La administración del presidente José Antonio Kast enfrenta un nuevo golpe en su estructura regional: la renuncia del seremi de Bienes Nacionales en Tarapacá, Diego Muñoz Urbina, se convirtió en la salida número 19 de autoridades de este nivel desde el inicio del mandato el pasado 11 de marzo.
El Ministerio de Bienes Nacionales informó que la dimisión se produjo “por motivos personales”, aunque el breve paso del abogado, quien permaneció apenas 34 días en el cargo, refuerza una tendencia que ya comienza a instalarse como una señal de inestabilidad en el despliegue territorial del Ejecutivo.
UNA SEGUIDILLA QUE MARCA EL INICIO DEL GOBIERNO
Con esta renuncia, el gobierno acumula 19 bajas en menos de dos meses, una cifra inusual para el arranque de una administración. La rotación ha afectado a diversas regiones y carteras, evidenciando dificultades para consolidar equipos políticos y técnicos en el nivel regional.
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El caso de Tarapacá se suma así a una lista de episodios que han tensionado la instalación del gobierno, en un contexto donde las seremías cumplen un rol clave en la ejecución de políticas públicas y en la representación del Ejecutivo en regiones.
CASOS PREVIOS QUE ANTICIPABAN LA TENDENCIA
Entre las salidas anteriores, destacan situaciones que generaron controversia pública, como la doble fallida designación en la Seremi de las Culturas en la Región Metropolitana, con los nombramientos frustrados de Gustavo Baehr y Renato Munster.
A ello se suma el caso del seremi de Energía en La Araucanía, quien fue removido tras no presentarse a sus funciones ni mantener contacto con su equipo, reflejando problemas en los procesos de selección y validación de autoridades.
PRESIÓN SOBRE LA GESTIÓN REGIONAL
La acumulación de 19 salidas en un periodo tan acotado instala presión sobre el gobierno para reforzar sus mecanismos de nombramiento y asegurar mayor estabilidad en los cargos. En paralelo, abre cuestionamientos sobre la capacidad de sostener una gestión coordinada en regiones, en medio de una agenda marcada por seguridad, ajuste fiscal y demandas sociales.
La renuncia en Tarapacá no solo cierra un nuevo capítulo, sino que consolida una cifra que comienza a transformarse en un símbolo del complejo arranque administrativo del gobierno.
