La Contraloría General de la República ha instruido al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a explicar los vínculos existentes entre la asesora Janet Tapia Fuentes y la mencionada cartera gubernamental, en respuesta a la solicitud presentada por el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez.
Según la comunicación del ente fiscalizador, se otorgan 10 días hábiles al Minvu para proporcionar detalles sobre la permanencia de Janet Tapia Fuentes como asesora legislativa.
Lea también: Gobierno presenta nuevo proyecto tributario para financiar la PGU
A pesar de su renuncia al Ministerio en 2008, según informes de medios nacionales, se constata que Janet Tapia Fuentes continuaba siendo empleada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile (PNUD) desde marzo de 2022. Además, se alega que habría recibido un bono por incentivo al retiro correspondiente a los cinco años previos.
El diputado Sánchez considera esta situación como atípica, ya que las personas jubiladas que reciben estos beneficios no pueden ser designadas ni contratadas en ninguna modalidad por ninguna institución gubernamental durante los cinco años siguientes a su finalización laboral.
CONTRALORÍA
En este contexto, Sánchez elogió la decisión de la Contraloría y urgió al ministro Montes a explicar por qué tiene como asesora a una persona que recibió un considerable incentivo al retiro del Minvu y ahora figura como asesora, pero está contratada por la ONU.
Según el legislador, las acciones de la exfuncionaria parecen ser un ardid para continuar prestando servicios al Ministerio de Vivienda y beneficiarse simultáneamente de una bonificación que no debería haber recibido, ya que, según él, sigue trabajando en representación del ministerio en el Congreso Nacional.
El plazo de 10 días otorgado al Minvu corresponde al periodo en el que debe pronunciarse sobre la legalidad de la contratación de la funcionaria en cuestión y sobre la percepción del beneficio estatal por parte de la misma.
Por último, es importante señalar que el diputado Luis Fernando Sánchez también ha solicitado a la Contraloría que se determinen las responsabilidades administrativas del caso y se apliquen las sanciones correspondientes según la ley.
