La Corte Suprema abrió un nuevo flanco para la Ley de Reconstrucción Nacional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, luego de emitir un informe en que advierte que la iniciativa requiere “ajustes relevantes” antes de avanzar en el Congreso, para evitar vacíos normativos, riesgos fiscales y conflictos procesales en materia ambiental.
El informe, elaborado por el pleno del máximo tribunal y remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados, analizó especialmente las modificaciones al sistema de evaluación ambiental, los mecanismos de impugnación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y las nuevas atribuciones de los Tribunales Ambientales.
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Uno de los principales cuestionamientos apunta al nuevo artículo 24 ter de la Ley 19.300. La Suprema sostuvo que, aunque la propuesta busca concentrar las reclamaciones ambientales en tribunales especializados y limitar recursos administrativos generales, el texto “no define con claridad si introduce una regla excepcional o una modificación general del sistema”.
El tribunal también advirtió que la iniciativa omite armonizar las nuevas acciones judiciales con las reglas de legitimación activa contenidas en la Ley 20.600, lo que podría generar incertidumbre respecto de quiénes estarán habilitados para reclamar ante la justicia ambiental.
SUPREMA ALERTA “ASEGURAMIENTO” ESTATAL DE INVERSIONES PRIVADAS
Otro de los focos críticos del informe corresponde al mecanismo que permitiría al Estado restituir gastos directos y efectivos a empresas cuyos proyectos ambientales sean anulados judicialmente. Según la Corte Suprema, la propuesta “innova de manera significativa” en el ordenamiento jurídico chileno al trasladar al Fisco costos derivados de inversiones privadas frustradas.
Aunque el proyecto busca proteger la “confianza legítima” de los titulares de proyectos, el máximo tribunal afirmó que la norma está redactada en términos excesivamente amplios y carece de exigencias sustantivas estrictas para determinar cuándo procede la compensación.
Por ello, la Corte planteó que debieran exigirse requisitos como buena fe del titular, ausencia de contribución al vicio que motivó la anulación, razonabilidad de los gastos y una afectación patrimonial anormal o desproporcionada.
REPAROS A LÍMITES DE CAUTELARES AMBIENTALES
El informe también cuestionó los límites temporales que el proyecto fija para las medidas cautelares que paralicen proyectos con RCA favorable. La propuesta establece un plazo inicial de 30 días y un máximo total de seis meses para mantener suspendidas las obras.
Si bien la Suprema valoró el objetivo de evitar paralizaciones indefinidas, advirtió que la aplicación de estos límites no puede debilitar la tutela cautelar ambiental frente a riesgos graves o irreversibles.
TRIBUNAL PIDE CORRECCIONES ANTES DEL AVANCE LEGISLATIVO
En sus conclusiones, el pleno sostuvo que el proyecto contiene objetivos “atendibles” relacionados con certeza jurídica, racionalización de procedimientos y especialización jurisdiccional, pero insistió en que la propuesta requiere correcciones importantes de coordinación normativa y delimitación de efectos jurídicos.
La Corte Suprema recomendó introducir modificaciones en materias de legitimación activa, coherencia entre los artículos 24 bis y 24 ter, restitución de gastos y regulación de medidas cautelares. Además, sugirió incorporar varias de estas disposiciones directamente a la Ley 19.300 para mejorar la sistematicidad normativa del sistema ambiental chileno.
Corte Suprema emite informe sobre proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo nacional https://t.co/Wk3Vqf07ed pic.twitter.com/f28BLU59WF
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) May 8, 2026
