«Lo que corresponde decir con todas sus letras es que la justicia terminó refrendando exactamente lo que sostuvimos desde el primer día», sostuvo a través de una declaración pública del exjefe del Segundo Piso del gobierno del expresidente Gabriel Boric, el sociólogo Miguel Crispi (FA), luego que la Fiscalía de Antofagasta, tras una mediática investigación, decidió cerrar la indagatoria y comunicar su decisión de no perseverar en la arista del Caso Convenios que durante años lo tuvo a él, al exministro Giorgio Jackson (FA) y a la exjefa de la Dipres Javiera Martínez (FA) como imputados, caso en el que además acusó una operación política.
«La resolución es categórica: no existían antecedentes para formalizar cargo alguno», agregó.
Además, el sociólogo acusó que «quienes sufrimos de este ataque sistemático somos parte de un proyecto político, y por eso fuimos elegidos como blanco. Lo que se buscó, atacándonos a nosotros, fue herir al gobierno del Presidente Gabriel Boric y al Frente Amplio. Ese es el trasfondo que no puede perderse de vista».
Lea también: Fiscalía cierra causa contra Jackson, Crispi y Martínez
Asimismo, insistió en que “la causa en nuestra contra nunca tuvo fundamento. Fue una operación política. Se originó en una ampliación de querella presentada por dos diputados del Partido Republicano, destinada a vincularnos con procesos de investigación sobre eventuales hechos de corrupción. El objetivo no era esclarecer hechos ni la búsqueda de la verdad, sino dañar políticamente. La decisión de la Fiscalía derrumba esa operación y deja en evidencia su verdadera naturaleza”.
Recalcó que “la corrupción es una de las principales amenazas a la democracia y, cuando en base a mentiras se dice estar luchando contra ella, solo se profundiza el quiebre entre la ciudadanía y la política”.
LOS COSTOS
El comunicado de Crispi también hizo hincapié en que «no puedo dejar de señalar algo que muchas veces queda invisibilizado: esto tuvo un costo personal, profesional y familiar para todos quienes fuimos injustamente involucrados y afectados por esta causa».
«No solo significó millones de pesos para el Estado de Chile en una investigación sin sustento; significó años bajo sospecha pública, con nuestras familias y nuestras trayectorias expuestas, sobre la base de acusaciones que hoy el propio Ministerio Público declara sin fundamento. Vale la pena preguntarse hasta dónde está dispuesta a llegar cierta forma de hacer política, y a cuántas personas está dispuesta a dañar en el camino”, recalcó.
“Como dirigente político, y por el rol que me tocó cumplir, no puedo dejar pasar este momento sin una reflexión. La integridad de los poderes del Estado -y muy especialmente la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial- no puede quedar a merced de operaciones políticas. Es urgente discutir los limites de la facultad de diputados y diputadas para impulsar causas penales sin antecedente alguno, convirtiendo la persecución judicial en un arma de la disputa política”, enfatizó Crispi.
Concluyó diciendo que “se cierra este capítulo. Agradezco los mensajes de apoyo de estos días. Y espero, por el bien de nuestra democracia, que episodios como este no se repitan”.
DECLARACIÓN PÚBLICA: en relación a la decisión de la Fiscalía de Antofagasta de no perseverar en la investigación por el llamado Caso Convenios declaro lo siguiente. pic.twitter.com/VD4E3CSZqM
— Miguel Crispi (@ludovic_mig3734) July 21, 2026
