La defensa de la exministra de Defensa, Maya Fernández, respondió este jueves a la acusación constitucional impulsada por parlamentarios de oposición en su contra, relacionada con la fallida compra por parte del Estado de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende. En su defensa, Fernández argumenta que la acusación carece de fundamentos y que no se cumplen los requisitos constitucionales para su discusión.
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En el documento presentado, la exsecretaria de Estado sostiene que los diputados acusadores interpretan erróneamente la prohibición constitucional establecida en el artículo 37 bis, que impide a los ministros celebrar contratos con el Estado mientras ejercen su cargo. Según su defensa, la compra del inmueble en Guardia Vieja no se encuadra en esta disposición, ya que «asimilar al Estado a un particular y considerar que la simple firma de una escritura pública bastaría para configurar una infracción es un error».
CUESTIONAMIENTOS A LA ACUSACIÓN
La defensa de Fernández señala que la acusación debería ser desestimada en la cuestión previa, ya que «existen diversos problemas que impiden que cumpla con los requisitos constitucionales para su discusión». Entre estos, enfatizan que la exministra no tuvo participación directa en los actos cuestionados, como la emisión del Decreto Supremo Nº 38 del Ministerio de Bienes Nacionales, que autorizó la compra del inmueble.
Además, argumentan que el libelo incurre en un «vicio conceptual grave» al pretender aplicar una responsabilidad constitucional objetiva, es decir, sin necesidad de acreditar dolo o negligencia en la conducta de la acusada.
En este sentido, la defensa menciona precedentes como la acusación al exministro Harald Beyer en 2013, que la Cámara rechazó al considerar que la responsabilidad constitucional es subjetiva y exige actos propios. También destaca el caso del exministro Luis Bates en 2004, cuando el Congreso desestimó la acusación por no probar su participación directa o indirecta en los hechos.
USO INDEBIDO DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
En su respuesta, la exministra también cuestiona el uso de la acusación constitucional como herramienta política, señalando que actualmente una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados está analizando el mismo tema. Según el documento, esta instancia comenzó su labor el pasado 10 de marzo y aún se encuentra en desarrollo, por lo que la coexistencia de ambas investigaciones carece de coherencia.
Ante estos argumentos, la defensa de Maya Fernández afirma que la acusación carece de fundamentos jurídicos suficientes y exige su desestimación.
