Política

Delegado Codina: Registro de vándalos no diferencia sector socioeconómico

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Codina vándalos
«El Estado, dentro de la batería de acciones que tiene, va a adoptar la que corresponda y la que afecte» al infractor, aseguró.

«Aquí lo que está tratando de hacer el Gobierno es terminar con estos espacios de impunidad que lo que hacen es destruir, dañar y poner en riesgo la convivencia», explicó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina (IND) respecto del Registro Único de Vándalos e Incivilidades anunciado por el presidente José Antonio Kast en su primera cuenta pública.

Al respecto, recordó que «el registro busca sancionar conductas que se han normalizado, pero en realidad destruyen la convivencia y van dañando incluso las zonas comunitarias, los espacios comunes, plazas, el entorno».

El proyecto plantea «sanciones que pueden afectar a cualquier ciudadano sin importar su sector socioeconómico».

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En conversación con Meganoticias detalló que serían «restringir el acceso a ciertos beneficios que entrega el Estado cuando tú incumplas no solo con ese Estado, sino también contra la comunidad».

Entre ellas figuran la suspensión de la Gratuidad Universitaria o la Pensión Garantizada Universal (PGU). Respecto de este punto, que personeros de la oposición, han planteado que este último es un beneficio que por ley no se puede quitar.

En ese punto el delegado de la RM aseguró que los beneficios no se quitarán a perpetuidad. Dijo que el proyecto establece «una suspensión transitoria, máximo cinco años o tres, depende la circunstancia, depende de si el delito se considera grave o no».

Codina también se refirió a las críticas sobre las diferencias socioeconómicas en la aplicación del registro de vándalos, ya que las personas de mayores recursos no reciben beneficios sociales como la Gratuidad.

La autoridad sostuvo que «ese joven, aunque venga del barrio alto, si hizo daño, va a perder su derecho a tener el pasaporte, va a perder su derecho a tener la licencia de conducir».

Enfatizó también que para el Gobierno en la iniciativa está garantizada la «igualdad ante la ley», ya que ante un delito «el Estado, dentro de la batería de acciones que tiene, va a adoptar la que corresponda y la que afecte a esa persona», aunque las sanciones finales no sean las mismas ni afecten de igual manera a todos.

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