La diputada Paula Labra (IND-RN), solicitó al Gobierno poner urgencia a su proyecto de ley que, entre otras mociones, permite acusar constitucionalmenta a gobernadores o gobernadores regionales: «Necesitamos ponerle freno a la corrupción, comenzando con la Gobernadora del Maule, Cristina Bravo».
Explicó además que sus acusaciones se basan «en que el 4 de julio oficié a la Contraloría, para que se pronunciara sobre una serie de irregularidades en el convenio ‘Juntos y Juntas Nos Sentimos Más Seguros’, suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y la Fundación Urbanismo Social».
Finalmente, «estas irregularidades terminaron siendo confirmadas por el Contralor, Jorge Bermúdez, y dentro de las más graves, está el hecho que Contraloría constató que el Gobierno Regional del Maule fue el único de los investigados en el cual hubo tráfico de influencias», comenta.
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ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
«En virtud de la constatación del tráfico de influencias, sabemos que Contraloría está llevando a cabo un sumario en la Gobernación para perseguir las responsabilidades administrativas y fiscalía está haciendo lo propio con las responsabilidades penales», explica Paula Labra.
«No obstante, las responsabilidades políticas hasta aquí están sin ser determinadas. En el caso del Maule hay evidencia suficiente y no podemos permitir que los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos sean dirigidos al bolsillo de unos pocos», complementó luego.
Respecto a la necesidad de acusar constitucionalmente a los Gore, el diputado de Republicanos, Benjamín Moreno señaló: «Es evidente que a los gobernadores no los fiscalizan como se requiere»
«Tienen que ser sujetos de acusación constitucional para que otro poder del Estado y no los mismos miembros del Consejo Regional sean también quienes fiscalicen a los gobernadores. Así como el Ejecutivo fiscaliza al Legislativo, el Legislativo también tiene el deber de fiscalizar las distintas instancias del Poder Ejecutivo, que en este caso son los gobernadores», sentenció Moreno.
