¿Efecto Lavín? La bancada UDI pide al Presidente José Antonio Kast usar una facultad constitucional para solicitar a la Corte Suprema revisar la remoción de juez Daniel Urrutia.
La UDI escaló su ofensiva contra el juez Daniel Urrutia, magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que decretó la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, exmilitante gremialista, en la investigación por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.
La bancada gremialista envió una carta al Presidente José Antonio Kast para solicitarle que invoque la facultad del artículo 80 de la Constitución. Dicha norma permite al Mandatario requerir a la Corte Suprema que analice si un juez ha incurrido en “mal comportamiento” y, eventualmente, abrir el camino a su remoción.
Corte de Apelaciones absolvió al juez
El movimiento ocurre días después de que Urrutia dejara en prisión preventiva a Lavín León y a su exasesor Arnaldo Domínguez. Según informó el Poder Judicial, el exdiputado fue formalizado como presunto autor de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, por hechos investigados entre 2015 y 2026.
Hechos que incluso podrían ampliarse a su padre, el exalcalde de Las Condes y excandidato presidencial de ese partido, según lo señalado por la Fiscalía.
El argumento de la UDI apunta a los viajes que Urrutia realizó al extranjero mientras se encontraba con licencia médica. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago ya absolvió al magistrado en esa causa disciplinaria, aunque reprochó su conducta. En particular, el tribunal consideró prescrita la eventual falta más grave vinculada a un viaje a Ecuador en 2022.
¿Coincidencia?
De esta forma, la ofensiva gremialista no se dirige formalmente contra la resolución que afectó a Lavín León, sino contra antecedentes administrativos previos del juez. Aun así, el contexto político y judicial es evidente: el requerimiento se produce después de que Urrutia adoptara una de las decisiones más duras contra un exparlamentario ligado históricamente a la UDI.
Lavín León, quien renunció a la UDI en 2024, quedó bajo la cautelar más gravosa luego de que el tribunal estimara que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. La investigación tiene un plazo de 90 días.
Con la solicitud a Kast, la UDI busca que La Moneda active una atribución excepcional ante la Corte Suprema. La decisión final, en todo caso, no depende del Ejecutivo, sino del máximo tribunal, que es el órgano facultado para evaluar un eventual cuaderno de remoción.
