Más de la mitad de los códigos de ética vigentes en los servicios públicos chilenos fue elaborada entre 2016 y 2018, una antigüedad que podría limitar su utilidad frente a nuevas modalidades de trabajo y riesgos de corrupción. Así lo advierte una investigación del académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile Cristian Pliscoff.
El estudio, publicado en la revista En-Claves del Pensamiento, examinó 152 códigos obtenidos mediante solicitudes de transparencia realizadas a más de 256 organismos entre agosto y diciembre de 2024. De los documentos analizados, 80, que equivalena al 52,6%, correspondían a versiones creadas durante los tres primeros años de implementación de esta política pública.
UNA POLÍTICA SURGIDA TRAS LA COMISIÓN ENGEL
Chile inició este proceso en 2016, después de las recomendaciones formuladas por la Comisión Engel ante los casos de corrupción y conflictos de interés que afectaron al país. Con el respaldo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Gobierno instruyó a los organismos de la administración central para que definieran estándares de conducta funcionaria.
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La investigación detectó que el 60,5% de los códigos utiliza ejemplos genéricos, aplicables indistintamente a cualquier institución. Solo el 15,8% incluye situaciones vinculadas directamente con las funciones y riesgos propios de cada servicio, mientras que el 23,7% no presenta ejemplos de dilemas éticos.
DOCUMENTOS ALEJADOS DE LOS NUEVOS DESAFÍOS
Pliscoff advierte que esta falta de contextualización reduce la capacidad de los documentos para orientar decisiones concretas. Los códigos más antiguos, por ejemplo, no incorporan desafíos surgidos con el teletrabajo, la transformación digital y los cambios experimentados por la administración pública durante los últimos años.
El análisis también reveló que el 63,8% conserva la estructura básica propuesta originalmente por el PNUD y que un 52% presenta un diseño simple. En cuanto a su elaboración, el 54,6% recurrió a encuestas, el 36,2% empleó grupos focales y el 17,8% realizó entrevistas. Sin embargo, un 24,3% no informó o no utilizó mecanismos de participación.
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE
El académico sostuvo que los códigos no garantizan por sí solos la eliminación de la corrupción, pero pueden fortalecer el razonamiento ético de los funcionarios. Para ello, recomendó actualizarlos periódicamente, adaptarlos a la realidad de cada institución y vincularlos con canales de denuncia, capacitaciones y liderazgos comprometidos con la integridad.
La investigación reconoce que Chile desarrolló una estrategia inédita en América Latina al implementar códigos de ética de manera transversal en la administración central. No obstante, plantea que el Estado debe superar el cumplimiento meramente formal y evaluar si estos instrumentos realmente mejoran el comportamiento y el clima ético dentro de los organismos públicos.
