El exdirector de la Junaeb, Cristóbal Acevedo (que ejerció entre 2015-2017), reveló que el organismo pagó $3.500 millones a la empresa Soser en 2022 por raciones de alimentos -un snack, una fruta y un jugo-, pero que solo se entraron 30.
La información la presentó en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
Las reacciones no se hicieron esperar.
Desde la defensa del titular de Educación y parlamentarios oficialistas argumentaron que este posible sobreprecio no estaría incluido en el libelo contra el ministro.
El diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), enfatizó que «quien tiene la responsabilidad del servicio y de Junaeb es la subsecretaria y no el ministro. Por lo tanto, aquí no hay ninguna relación directa».
A ello retrucó Miguel Becker, quien especificó que estos nuevos antecedentes «sí están contemplado en el capitulo seis presentado en la acusación constitucional contra Ávila, una vez más este Gobierno nos sorprende con irregularidades (…) es la oportunidad para deshacerse de todos los sin vergüenza que están en el Gobierno y poder volver a gobernar este país».
Diego Schalper (RN) expresó que «estos hechos nos impactan y le hago un llamado a los diputados oficialista a no hacer defensas corporativas».
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, informó que «se está recabando toda la información y prontamente podremos dar una comunicación oficial» e insistió en la «falta de argumentos y fundamentos de la acusación constitucional, cuya principal inspiración tiene una intención de discriminación homofóbica. Se le responsabilizó (al ministro) durante bastante tiempo por actos que no le correspondían».
JUNAEB RESPONDE
El organismo aludido salió a responder a estas acusaciones mediante un comunicado.
Ahí puntualizaron que «no hay ninguna empresa que entregue 30 raciones, dado que el mínimo de raciones por empresas es 1.508.000 al año».
«Cabe señalar que esta y toda la información de los contratos es pública, y las condiciones y precios de cada servicio se pueden encontrar en la página de Mercado Público, www.mercadopublico.cl», se añade en la declaración.
Asimismo, recalcaron “que desde 2022 a la fecha, no existen contratos del Programa de Alimentación Escolar que no hayan sido conocidos y revisados por Contraloría en el control de legalidad que dicha entidad realiza a través del trámite de toma de razón”.
«No es factible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones, ya que el precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u once es de $7.289 pesos, un valor alto, adjudicado por el Gobierno anterior», aclara.
Asimismo, añadió que «La licitación realizada durante este periodo, obtuvo el mismo servicio, por un valor máximo de $1.093 pesos».
La institución aclaró que estos montos corresponden a contratos previos al gobierno de Gabriel Boric.
“Ante las diversas acusaciones, esta administración solicitó a Contraloría General de la República una investigación o auditaría a los procesos de pago del Programa de Alimentación Escolar, con objeto de despejar cualquier duda, además de encontrar posibles puntos de mejora para la gestión del Programa”, señalaron desde Junaeb.
