«Si de la investigación surgen antecedentes que nos den cuenta de que efectivamente hubo un mal uso de recursos públicos, vamos a solicitar el desafuero y vamos a pedir la formalización» del diputado Joaquín Lavín León, dijo la fiscal del caso Cathy Barriga, Constanza Encina.
Especificó que lo pedirán «en caso de que los hallazgos que encontremos y la evidencia que fuimos a incautar al Congreso y los análisis que se están haciendo den cuenta de nuestra teoría, es decir, que se utilizaron fondos públicos de manera indebida».
En entrevista con 24 Horas la persecutora explicó que «la causa del diputado Lavín está con carácter reservado, por lo tanto no me puedo referir al contenido».
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Sin embargo, la fiscal reconoció que «hay hechos que podrían estar vinculados» entre la situación del parlamentario y la de su esposa y exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, hoy en prisión preventiva por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
FACTURAS FALSAS
Constanza Encina explicó el mecanismo utilizado en el municipio para defraudar y los alcances que eso tuvo.
«Al momento en que decidimos formalizar teníamos claro que había una forma de defraudación, que era rebajas indebidas a través de certificados de disponibilidad presupuestaria», dijo.
No obstante, «la investigación arrojó también otro tipo de maniobras de carácter fraudulento, que fueron las que desencadenaron este mecanismo que terminó en un déficit cercano a los 33 mil millones de pesos» cuando Barriga fue alcaldesa, agregó la fiscal.
Por ejemplo, altas cifras de dinero que no se reflejaban en la contabilidad e informes falsificados firmados por la propia autoridad dirigidos a la Contraloría General de la República (CGR), que «derechamente no contienen las verdaderas cifras, los verdaderos gastos que se incurrieron en ese año en particular».
«Todas esas facturas (que se sacaban de la contabilidad), no aparecían reflejadas como gastos y, por lo tanto, se seguía sobreejecutando el presupuesto municipal como si hubiese, cuando en realidad no era así», detalló Encina.
Fueron 15 mil 800 millones en el año 2020 y seis mil 800 millones de pesos en 2019.
AMPLIACIÓN DE QUERELLA
El caso específico de la sanitaria Smapa generó una ampliación de querella.
«Son cerca de dos mil millones de pesos que no fueron a parar directamente a Smapa, sino que fueron utilizados en otros fines que los estamos determinando, precisó la fiscal.
«Se dejaba de pegar servicios básicos como aseo y ornato, recolección de basura, Smapa -la sanitaria- o por ejemplo la cuenta de luz, que es un de los servicios más esenciales. Porque también la sanitaria funciona con la energía de Enel», detalló.
Enfatizó, además, que «se dejaba de pagar estos servicios básicos para parar otro tipo de prioridades que considerara ella que eran más relevantes, que nosotros creemos que tenían por único objeto enaltecer su figura».
Además, «lo que se cuestiona en específico son gastos que están derivados y que estaban especificados para ítems de educación pública y que se utilizaron esos fondos para merchandising y otro tipo de interés de carácter municipal».
