La Fiscalía cerró la investigación en contra de Marco Enríquez-Ominami (MEO) y decidió no perseverar en el procedimiento porque «no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una formalización ni una acusación».
El cuatro veces candidato presidencial era investigado por el financiamiento de su campaña de 2017.
A través de un documento firmado por la fiscal Ximena Chong, se comunicó que se procedió al cierre de la investigación y que se citará a la audiencia prevista en la ley.
Lea también: Vallejo: situación del Senado «pone cuesta arriba» reforma previsional y pacto fiscal
Esta quedó fijada por el Séptimo Jugado de Garantía de Santiago para el día 12 de abril de 2024, a las 12:00 horas, con el objetivo para comunicar que no se perseverará en el procedimiento.
«ES LA EVIDENCIA DE UN ABUSO»
La reacción de Marco Enríquez Ominami no se hizo esperar.
«Después de siete años una arista que una fiscal con agenda propia, con sesgo político, sin honrar el derecho, promovió con gran publicidad, se declara ahora que esa causa se va a cerrar», cuestionó.
«Levantaron cada piedra, me acosaron en mi casa, en todo espacio público en el que participé, se permitieron utilizar a las policías pagadas con nuestros impuestos para investigar algo que no existía siquiera como delito, y siete años después la causa se cierra», enfatizó.
«Esto es la evidencia de un abuso, de una persecución», acusó MEO.
a su juicio, «la pregunta ahora es quién fiscaliza a los fiscales con agenda propia, que no entienden que su tarea es investigar en nombre del derecho, con el derecho y para el derecho».
EL CASO
La investigación contra MEO partió a raíz de una denuncia presentada por el Servicio Electoral (Servel), cuando detectó que una de las facturas rendidas pertenecía a una empresa creada después del día de la elección.
La Sociedad de Publicidad y Comunicaciones y Carlos Amauri Venegas recibió $30 millones por conceptos de servicios de comunicaciones, estrategia, manejo y coordinación de equipos.
Esta arista es posterior a la investigación que se abrió en 2013 por supuesto fraude de subvenciones en la campaña presidencial de ese año, donde la fiscalía indagó supuestos aportes económicos que la cuestionada firma brasileña OAS, y cuyo hito más mediático fue un viaje de campaña en un jet privado de esa empresa que hizo Enríquez Ominami.
