Katherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito, enfrenta una investigación por presuntos delitos de corrupción desde 2020.
La investigación se centra en la adquisición supuestamente irregular de cámaras corporales para Carabineros, un contrato valorado en $378 millones.
Lea también: Revés para Cathy Barriga: Fiscalía la reformalizará
Al principio, el abogado Luis Hermosilla representó a Martorell. Ahora, Hermosilla enfrenta cargos por soborno, lavado de activos y delitos tributarios en el denominado ‘caso audios’.
FISCALÍA CENTRO NORTE
La Fiscalía Centro Norte ha estado investigando el caso y, después de casi tres años, finalmente la interrogó como imputada.
A principios de agosto, Martorell solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el sobreseimiento del caso, argumentando que aún no ha sido formalizada. La audiencia para este pedido se ha fijado para el 25 de septiembre.
No obstante, el tribunal ha informado al Ministerio Público, que ha anunciado su oposición a la solicitud.
INVESTIGACIÓN
El fiscal Francisco Ledezma, quien está a cargo de la investigación, ha solicitado posponer la revisión del caso debido a su carga de trabajo en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad. La nueva fecha para la audiencia es el 9 de octubre.
Es probable que la solicitud de sobreseimiento de Martorell sea rechazada, dado que en enero el mismo tribunal ordenó al fiscal Ledezma formalizar la investigación en un plazo de 120 días, aunque esto aún no ha sucedido.
No obstante, no existe una norma que obligue al Ministerio Público a cumplir con esta orden.
QUERELLA PRESENTADA POR EMPRESA PEGASUS
La investigación comenzó a partir de una querella presentada por la empresa Pegasus en junio de 2020, tras participar en la licitación para las cámaras corporales.
A pesar de que Motorola ganó el contrato, se alegó que no cumplía con los requisitos del concurso y hubo problemas continuos con los dispositivos suministrados a Carabineros. Luis Hermosilla coordinó la diligencia de investigación.
La pesquisa realizada por la PDI, bajo la dirección de Ledezma, arrojó resultados limitados y no se solicitó una orden judicial para revisar todo el contenido del celular involucrado.
PEGASUS
Pegasus solicitó acceso completo al teléfono de Martorell, pero no atendieron la solicitud. También, la revisión de los mensajes del celular de Hermosilla, en el contexto del caso audios, resultó problemática.
El ex policía Héctor Espinosa, quien es representado por Hermosilla, está acusado de malversación de más de $300 millones en gastos reservados y enfrenta una pena solicitada de 20 años. Su juicio está actualmente suspendido por un recurso al Tribunal Constitucional.
