El Gobierno anunció la firma de un nuevo protocolo que busca acelerar las expulsiones de migrantes que se encuentren en situación irregular o que hayan cometido delitos en el país.
Según las autoridades, esta medida tiene como objetivo garantizar un control más eficiente de las fronteras y fomentar el respeto a la legislación vigente.
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En ese sentido, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, encargado de firmar la iniciativa en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Servicio de Migraciones señaló:
«Este protocolo busca uniformar los procedimientos de las instituciones involucradas, reducir los plazos y permitir que las expulsiones se realicen con mayor regularidad que en la actualidad».
La medida se alinea con la estrategia nacional contra el crimen organizado, apuntando a expulsar a quienes representan un mayor riesgo para la seguridad pública.
Cordero detalló que desde el inicio del actual gobierno se han dictado 6.000 nuevos decretos de expulsión, complementando los 24.000 ya vigentes, y que más de 1.000 de estas expulsiones se han ejecutado.
CONDENADOS POR LEY DE DROGAS
Cordero también señaló un desafío pendiente en materia judicial: la imposibilidad de expulsar a condenados por la Ley de Drogas debido a modificaciones legales de 2021.
Este impedimento ha generado congestión en cárceles, particularmente en el norte del país. Por ello, el Gobierno sigue insistiendo en la necesidad de cambios legislativos para ampliar el alcance de las expulsiones judiciales.