Política

Gobierno niega “indultos encubiertos”

indultos encubiertos
Foto: Generado con IA
La Subsecretaría de Derechos Humanos afirmó que no existen “indultos encubiertos” y sostuvo que las decisiones judiciales se adoptan caso a caso, conforme a la ley vigente.

El Gobierno salió al paso de las críticas surgidas por eventuales beneficios concedidos a condenados por violaciones a los derechos humanos y descartó de forma categórica la existencia de “indultos encubiertos”. A través de un comunicado oficial, la Subsecretaría de Derechos Humanos aseguró que las decisiones adoptadas se ajustan estrictamente a la ley vigente y a los protocolos institucionales establecidos.

La repartición reafirmó además la continuidad del Programa de Derechos Humanos, señalando que las políticas públicas en esta materia constituyen políticas de Estado. En esa línea, destacó la vigencia del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, impulsado mediante decreto en 2023 y desarrollado con diligencias en terreno y reuniones con distintos actores involucrados.

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Respecto de los cuestionamientos por actuaciones judiciales recientes, la Subsecretaría explicó que toda intervención jurídica se resuelve caso a caso, considerando sentencias, antecedentes técnicos e informes especializados. Añadió que no existe ninguna instrucción del Ministerio ni de la propia Subsecretaría para detener o dejar sin efecto la tramitación de causas vinculadas a crímenes de la dictadura.

En relación con los casos específicos mencionados públicamente, el Ejecutivo sostuvo que las resoluciones se fundaron en una revisión exhaustiva de cada situación particular, incluyendo antecedentes relativos a enajenación mental irreversible acreditada, siempre resguardando la dignidad humana y el mandato institucional.

Finalmente, la Subsecretaría insistió en que no ha existido un cambio de criterio en la materia, sino la aplicación rigurosa de normas y procedimientos que ya venían utilizándose con anterioridad. Con ello, el Gobierno buscó cerrar la controversia y defender la legitimidad jurídica de las medidas cuestionadas.

 

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