La discusión por eventuales indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social volvió a tensionar al oficialismo y dejó a La Moneda ante un delicado equilibrio: no cerrar la puerta a las solicitudes particulares, pero tampoco involucrarse de lleno en una iniciativa de indulto general que amenaza con dividir a su propia coalición.
En el gobierno insisten en que el Ministerio de Justicia mantendrá el criterio definido hasta ahora: revisar cada solicitud “caso a caso”. Esa fórmula, afirman en Palacio, permite sostener que la decisión presidencial se adoptará sobre antecedentes específicos y no como parte de una respuesta política general.
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Sin embargo, el anuncio del Partido Nacional Libertario, con respaldo de republicanos, de impulsar un proyecto de indulto general elevó la presión sobre el Ejecutivo. La iniciativa busca beneficiar a uniformados que, en el marco de sus funciones, participaron en procedimientos desarrollados desde el 18 de octubre de 2019, durante la crisis social.
LA CAUTELA COMO ESTRATEGIA
El Presidente José Antonio Kast abrió al inicio de su gobierno la posibilidad de conceder indultos particulares en algunos casos. Pero la demora en anunciar beneficiarios ha generado molestia en sectores libertarios y republicanos, que esperan una señal más clara hacia policías y militares condenados.
La presión aumentó tras el gesto político hacia el carabinero Pablo Carvajal, quien fue acompañado al Centro de Justicia por parlamentarios de esas colectividades luego de ser condenado por apremios ilegítimos calificados durante el estallido social.
Pese a ese escenario, en La Moneda no contemplan, por ahora, involucrarse en el debate legislativo por un indulto general. Fuentes de gobierno sostienen que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, mantendrá el foco en la revisión individual de los casos y evitará profundizar sobre una discusión que, recalcan, debe resolverse en el Congreso.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reconoció el domingo la carga política del tema y señaló que el Ejecutivo seguirá con atención la discusión. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, también evitó adelantar una postura y recordó que los indultos son una facultad presidencial.
UNA GRIETA DENTRO DEL BLOQUE
La inquietud de Palacio apunta a que una definición tajante podría abrir nuevos conflictos internos. Si el gobierno rechaza el indulto general, arriesga un choque con libertarios y republicanos. Si lo respalda, podría tensionar su relación con Chile Vamos y Demócratas.
La fractura ya comenzó a expresarse públicamente. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó con dureza al timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, luego de que este defendiera una revisión caso a caso. También apuntó contra figuras de RN y Evópoli que tomaron distancia de un eventual indulto general.
Desde Chile Vamos y Demócratas, en cambio, han surgido advertencias sobre la viabilidad jurídica de la iniciativa. Algunos parlamentarios sostienen que un indulto de estas características sería inadmisible, porque la facultad corresponde exclusivamente al Presidente de la República.
El senador Matías Walker fue más allá y pidió que el gobierno no se involucre en la discusión. Además, advirtió que Chile mantiene compromisos internacionales que impedirían conceder indultos generales en casos vinculados a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
LIBERTARIOS PRESIONAN POR UNA DEFINICIÓN
Pese a esas críticas, el Partido Nacional Libertario busca acelerar la tramitación una vez concluida la semana distrital. En privado, sus dirigentes aseguran que ya trabajan en reunir las firmas necesarias para presentar formalmente el proyecto.
El diputado Hans Marowski, vicepresidente de la colectividad, llamó al Ejecutivo a transparentar su posición. A su juicio, una iniciativa de esta relevancia no admite ambigüedades: si el gobierno cree que existe una injusticia contra los uniformados, debe decirlo y actuar; si no comparte el proyecto, también debe explicarlo.
Así, el debate por los indultos se transforma en una nueva prueba para La Moneda. Tras semanas marcadas por tensiones en torno a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, el gobierno busca evitar otro conflicto dentro de su base política. Por ahora, su apuesta es sostener la cautela, dejar que el Congreso procese el debate y reservar para el Presidente la decisión final sobre eventuales indultos particulares.
